Las deficiencias que ha detectado este martes el Tribunal de Cuentas en la gestión de los ERTE (Expedientes Temporales de Regulación de Empleo) por parte del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) entre marzo de 2020 y marzo de 2022 coinciden con las advertencias que lleva reiterado desde hace años el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF. El organismo arrastra desde hace años un déficit en la plantilla de 3.500 efectivos: "nadie quiere trabajar allí", comenta para El Independiente Manuel Galdeano, el coordinador nacional de CSIF en el SEPE.

El organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz que se encarga de gestionar las prestaciones por desempleo cuenta con 7.270 empleados, de los que casi 500 son interinos o eventuales. Desde CSIF reclaman que en los últimos diez años se ha perdido una cifra cercana a los 3.500 efectivos estructurales. Esto supone que el 55% de las 711 oficinas de atención presencial que se distribuyen por el territorio están infradotadas de personal: existen 7 oficinas en las que no disponen de ningún efectivo, 59 oficinas que solo cuentan con un empleado, 143 que solo disponen de dos, 86 que solo cuentan con tres, 77 que diponen de cuatro y 65 que cuentan con cinco trabajadores.

Una circunstancia que se agrava anualmente por las jubilicaciones de una plantilla de alta edad media, el 56% de los empleados tiene más de 50 años y el 20% está a las puertas de la jubilación. Pese a la convocatoria extraordinaria de 926 plazas en 2021, las jubilaciones en los últimos tres ejercicios han supuesto 1.200 bajas, por lo que el saldo sigue siendo deficitario. Esta falta de empleados se traduce en un deterioro de los servicios públicos, retrasos en las tramitaciones, un aumento del uso de la vía telemática e incluso algunos ciudadanos acuden al sector privado para realizar determinados trámites ya que no disponen de conocimientos digitales o sencillamente no entienden cómo realizar la gestión. "No puede ser que la gente deba pagar por un servicio público", lamenta Galdeano.

Asimismo, también tiene consecuencias en la plantilla actual ya que se traduce en una sobrecarga de trabajo. En enero de 2025, el SEPE atendió un 32% más de citas que en el mes anterior, desde las 434.741 consultas de diciembre hasta las 577.422 en enero. "La carga de trabajo no baja ningún mes, se mantiene y en verano, la carga es todavía mayor y a ello se suma que no es un sitio atractivo retributivamente pero se exige mucha cualificación", puntualiza el coordinador nacional de CSIF en el SEPE. La falta de interés por trabajar en este organismo quedó reflejado en el último concurso de puestos de trabajo, donde solo se cubrieron 598 plazas de las 1.374 ofertadas, es decir, que sólo se cubrieron el 44% del total.

A esta situación se suma la precariedad tecnológica del organismo. La implantación de la aplicación informática ALMA, adjudicada por concurso a Deloitte por 20 millones de euros, fue concebida como una herramienta que agilizaría la gestión de subsidios y la pasarela al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, nueve meses después de su puesta en marcha, los trabajadores denuncian que presenta fallos e incidencias diarias que retrasan significativamente la tramitación de expedientes, frente a las aplicaciones informáticas anteriores.

25,4 millones de euros: el coste del colapso durante la pandemia

"Las jornadas diarias eran de 14,15 y 16 horas incluidos sábados y domingos, la carga de trabajo fue bestial. No he visto en 37 años trabajando en el organismo algo igual", comenta el coordinador nacional de CSIF en el SEPE. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha puesto cifra al colapso, solo los fallos en la gestión de las prestaciones por ERTE suponen un impacto económico de 25,4 millones de euros.

Durante la pandemia más de 558.000 empresas y 4,14 millones de trabajadores se beneficiarion de los ERTE-COVID, con un coste público de 18.272 millones de euros en prestaciones por desempleo y 7.964 millones en exoneraciones de las cuotas de cotizaciones sociales. En total, las medidas aplicadas por el Ejecutivo para paliar un posible despido masivo afectaron al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado fallos en la gestión de estas ayudas. Entre ellos, la ausencia de una aplicación informática específica, resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas, falta de coordinación entre autoridades laborales y carencia de información clave para que el SEPE pudiese verificar la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades competentes.

Estas problemáticas han tenido consecuencias concretas. La fiscalización del Tribunal ha revelado que 10.896 beneficiarios cobraron prestaciones por desempleo por valor de 25,4 millones de euros sin que su inactivadad fuera comunicada. Además, también ha detectado indicios de incumplimiento en la relación con las exoneraciones de cuotas que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas, por lo que el informe se ha trasladado a la Inspección de Trabajo.