El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinó 3.613.139.227 euros a los permisos parentales de nacimiento y cuidados durante el ejercicio de 2024. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva ampliación de los permisos supondrá un coste adicional de 1.500 millones de euros. Esto se traducirá en un incremento del presupuesto de esta partida del 41,5% respecto al gasto de 2024, en torno a unos 5.100 millones.

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Al anunciar la medida, Díaz defendió el impacto presupuestario como una apuesta política consciente y explicó que el Ejecutivo había optado por asumir íntegramente este gasto desde el sector público. “El Ministerio de Trabajo podría haber imputado este coste a las empresas españolas y no lo hemos hecho. Podíamos hacerlo solo al 60% de la base reguladora y no lo hemos hecho”, afirmó, al subrayar que la cobertura será del 100% del salario del trabajador.

Este miércoles se ha hecho efectiva la norma con su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través del Real Decreto-ley 9/2025. De esta forma, a partir del 1 de enero de 2026, los padres y madres podrán solicitar tres semanas más de permisos retribuidos que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban contempladas. Las dos últimas serán flexibles, es decir, se podrá hacer uso de ellas hasta que el niño cumpla ocho años. Por su parte, las familias monoparentales pasarán a tener derecho a 32 semanas frente a las 26 actuales y, en este caso, tendrán derecho a cuatro semanas flexibles.

La reciente urgencia por la tramitación de la norma responde directamente al procedimiento de infracción abierto contra España por parte de la Comisión Europea, que ha derivado en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que ha alcanzado una multa por valor de 10,5 millones de euros. El motivo es el incumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1158 en materia de conciliación familiar, por la que se obliga a los Estados miembros a garantizar un permiso parental de al menos ocho semanas retribuidas.

A pesar de que España contaba desde 2021 con un permiso de 16 semanas retribuidas por progenitor en casos de nacimiento o adopción, estas semanas no se consideraban, a ojos de la Comisión, un permiso parental en los términos que determinaba la Directiva. Por este motivo, en 2023, el Gobierno aprobó por primera vez un permiso parental específico de ocho semanas, pero su carácter no retribuido hizo que siguiera siendo incompatible con los requisitos mínimos europeos. Fue entonces cuando Bruselas aceleró el proceso sancionador y solicitó al TJUE la imposición de una multa coercitiva diaria de 9.000 euros hasta que se produjera la transposición completa de la norma comunitaria. El Gobierno, con esta nueva ampliación, intenta cerrar el procedimiento y evitar una mayor penalización económica, ya que a partir del 1 de agosto de 2025 la multa ascendería hasta los 43.000 euros diarios.

Una inversión en conciliación que crece un 67% desde 2019 pese al estancamiento de la natalidad

La presión institucional de Bruselas no solo ha obligado al Ejecutivo español a adaptar su marco normativo, sino que también ha tenido un efecto directo en la política presupuestaria. Desde 2019, el presupuesto que destina la Seguridad Social a los permisos de nacimiento/adopción y cuidados se ha incrementado en un 67,1% desde los 2.162,11 millones de euros de 2019 hasta los 3.613,14 millones del ejercicio pasado.

Este aumento del gasto no se explica por un crecimiento del número de nacimientos —ya que ha mostrado una tendencia estable: con un máximo en 2022 de 473.720 solicitantes y un mínimo en 2019, con 465.723 demandantes—, sino por la ampliación progresiva de los derechos reconocidos.

En 2019, el Real Decreto-ley 6/2019 estableció un calendario para equiparar los permisos entre progenitores, de tal forma que el permiso de paternidad pasó de 5 semanas voluntarias a 8 en ese año. En 2020, la ampliación alcanzó las 12 semanas y en 2021 se culminó el proceso con 16 semanas retribuidas para ambos progenitores. Las medidas implicaron un crecimiento del gasto público, pasando de 2.162,11 millones de euros en 2019 a 2.556,58 millones en 2020 (+18,2% interanual), 3.010,53 millones en 2021 (+17,8%) y 3.260,17 millones en 2022 (+ 8,3%).

En 2023, el Ejecutivo incorporó las 8 semanas no retribuidas ya mencionadas mediante el Real Decreto-ley 5/2023. La Comisión Europea consideró que España seguía incumpliendo la Directiva (UE) 2019/1158 e intensificó el procedimiento de infracción hasta que en febrero de 2024 el caso llegó al TJUE con una sanción acumulada de 10,5 millones de euros. Durante este periodo, el gasto siguió en ascenso: 3.423,03 millones en 2023 (+5% interanual) y 3.613,14 millones en 2024 (+5,6%). Con la entrada en vigor de la nueva ampliación en enero de 2026, los cálculos iniciales del Ministerio de Yolanda Díaz han apuntado a que el presupuesto se engrosará aproximadamente hasta los 5.100 millones de euros, un 41,5% más que en 2024 y un 135,9% más que en 2019.


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