"En el caso de que la Fusión no se completara por cualquier motivo podría dar lugar a la imposibilidad de materializar gran parte de los beneficios esperados de la Oferta, incluidos los ahorros de costes y otras eficiencias operativas". Es uno de los puntos que BBVA subraya en su revisión de los riesgos de la opa lanzada sobre el Sabadell que ha remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un día después de que los accionistas del banco catalán dieran luz verde a la venta del TSB al Santander y al reparto de un megadividendo de 2.500 millones, la entidad que preside Carlos Torres ha actualizado sus advertencias al mercado sobre las implicaciones de la operación corporativa para hacerse con el banco que preside Josep Oliu.

A lo largo de todo el documento, no incluye la cifra de 850 millones de euros de ahorros de costes por las sinergias esperadas con la integración de ambos bancos. Los cálculos de la entidad vasca incluían reducción de costes por personal, por red de oficinas, por integración tecnológica y por ahorros de costes financieros.

El banco asegura estar "revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar durante los primeros tres años (o eventualmente, cinco primeros años) como consecuencia de la toma de control de Banco Sabadell y aquellas que se podrían materializar una vez que la Condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la Fusión (en principio, transcurrido el tercer año desde la aprobación de la Condición del Consejo de Ministros o, eventualmente, el quinto año)".

Para autorizar la opa, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso como condición adicional a los compromisos pactados con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ambas entidades funcionasen por separado durante al menos tres años -extensibles a cinco- y mantuviese personalidad jurídica propia. En este sentido, el Gobierno prohíbe de facto la fusión durante este tiempo y no permite tampoco realizar ajustes de plantilla o de la red de oficinas vinculados a la opa.

En todo caso, el banco que preside Torres manifiesta que "tiene intención de promover la Fusión cuando la Condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor" y calcula que la fusión "se completaría en un plazo de seis a ocho meses tras la adopción de la decisión correspondiente por parte de los órganos sociales competentes de las sociedades". Eso sí, advierte que el ministro de Economía tiene poder de veto.

"En este caso, es posible que resultase más difícil integrar las operaciones de BBVA y Banco Sabadell, pudiendo derivar en un proceso de integración complejo con un mayor consumo de tiempo y recursos del inicialmente previsto. Ello, a su vez, podría dificultar también en mayor medida el poder alcanzar ahorros de costes y otras eficiencias operativas", añade el banco vasco.

Además, reconoce que "la integración operativa de Banco Sabadell (incluida la migración del sistema informático de Banco Sabadell a BBVA)" que se haría tras la eventual fusión "podría resultar especialmente difícil y compleja, podría desviar sustancialmente el tiempo, la atención y los recursos de la dirección, y podría suponer más costes, requerir más tiempo y recursos de lo previsto".

En este sentido, alerta de que "podrían surgir dificultades en relación con la integración del personal, las operaciones y los sistemas, la coordinación de los centros corporativos dispersos geográficamente, la desviación de la atención por parte de la dirección y los empleados de las operaciones y los cambios en la cultura corporativa, la retención de los clientes existentes y la captación de nuevos clientes, el mantenimiento de las relaciones comerciales y las ineficiencias asociadas a la integración de las operaciones. Podría también darse un potencial impacto negativo derivado de la racionalización de las redes de oficinas".