Más de dos años después de quedar pendiente de tramitación, el Estatuto del Becario ha vuelto a la agenda política. Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley pactado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos —con la participación del Ministerio de Educación— para regular las prácticas formativas en empresas y poner límites a la figura del ‘falso becario’. "La formación tiene que estar destinada, sencillamente, a aprender. A nada más que esto: a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas", ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

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Así, la futura norma introduce un régimen sancionador específico con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Según el texto, tendrán esta consideración, entre otros supuestos, aquellas conductas que impliquen discriminación directa o indirecta por motivos como sexo, edad, discapacidad, origen racial o étnico, convicciones religiosas, orientación sexual, condición social o ideas políticas, así como tratos desfavorables como represalia ante una reclamación administrativa o judicial por igualdad de trato. Por otra parte, las sanciones de infracciones muy graves en grado mínimo, irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.

Además, la nueva regulación también incorpora obligaciones económicas para las empresas en los casos de prácticas no remuneradas. El anteproyecto establece que las compañías deberán asumir los gastos básicos de los estudiantes cuando no perciban una remuneración ni cuenten con una beca que los cubra, "por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención". De acuerdo con los datos ofrecidos por la titular de Trabajo, entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 1.655.618 estudiantes en prácticas no remuneradas, lo que refleja la magnitud del colectivo afectado por la nueva medida.

No obstante, la luz verde del Consejo de Ministros tan solo es el primer paso. El anteproyecto deberá pasar ahora por los órganos consultivos —como el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado— antes de regresar de nuevo a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Y, a partir de ahí, iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Estatuto del Becario

El texto delimita cuándo una práctica es realmente formativa y cuándo encubre una relación laboral. Las prácticas deberán estar vinculadas a estudios oficiales y contar con un convenio entre la empresa y el centro educativo, que designará a una persona tutora que podrá tener, como máximo, a cinco personas en formación práctica a su cargo. Además, se prohíbe que los estudiantes paguen por acceder a una práctica y se reconoce el derecho al descanso, a la conciliación y a la protección frente al acoso.

Asimismo, las empresas tendrán un límite máximo de personas en prácticas. El total de personas en prácticas no laborales no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo. También tendrán que informar a la representación sindical de los acuerdos de prácticas y se reforzará el papel de la Inspección de Trabajo, que tendrá acceso a la documentación para comprobar el cumplimiento de la norma.

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