La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las líneas maestras de la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno presentará "entre enero y febrero de 2026" y que, "si es posible, entrará en vigor en 2027". Entre las novedades más relevantes, la titular de Hacienda ha avanzado que "se va a incrementar el porcentaje de cesión" de algunas de las figuras tributarias que componen el sistema, en referencia al IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que son la base del sistema actual.

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Aunque la ministra no ha concretado cuánto aumentará la cesión, su anuncio llega en un contexto en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que el margen del Estado para reforzar la financiación autonómica es muy limitado. Su presidenta, Cristina Herrero, afirmó a finales de octubre que "la Administración Central lo tiene difícil como para poner más dinero sobre la mesa para las comunidades autónomas". Según la institución, la trayectoria del déficit estatal y los factores que lo empujarán al alza en los próximos años reducen la capacidad del Gobierno para asumir mayores compromisos financieros.

Entre esos factores, la AIReF destaca el fuerte incremento estructural del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población; el mayor esfuerzo en defensa comprometido con Bruselas; y el encarecimiento de los intereses de la deuda, que recae mayoritariamente sobre la Administración Central. A ello se suma que los ingresos extraordinarios registrados en 2024 —incluidos los procedentes de los fondos europeos— no se repetirán en los próximos ejercicios, lo que estrecha aún más el espacio fiscal disponible.

En paralelo a este debate sobre los recursos disponibles, Montero también ha abierto la puerta a que la reforma incorpore mecanismos para evitar desequilibrios entre territorios derivados de la competencia a la baja en determinados tributos. Aunque no ha concretado cómo se articulará, sí ha dejado claro que el nuevo sistema "debería abordar cuáles son las reglas de juego en las que se desarrolla la financiación autonómica" y ha apuntado a que ella misma es partidaria de "contemplar desincentivos para el dumping fiscal". No obstante, también ha matizado que es un aspecto "que aún debe discutirse con las comunidades".

Líneas fundamentales de la reforma

Aparte de estos aspectos sobre fiscalidad, la ministra ha desgranado las bases políticas y económicas sobre las que se asentará el nuevo sistema. La primera, que "ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada", permitiendo que el nuevo sistema dote de más recursos que puedan destinar las regiones a sanidad, educación, servicios sociales o dependencia. Y además, Montero ha querido subrayar que la reforma será aplicable a todas las comunidades del Régimen Común y "no impedirá tener en cuenta y respetar las singularidades o particularidades territoriales".

Al mismo tiempo, Hacienda quiere que el nuevo modelo avance en equidad entre territorios. La ministra ha defendido que la financiación autonómica debe recoger la solidaridad interterritorial "de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos", y que una de las prioridades será reducir las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado. En la última ejecución del sistema, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada alcanzó los 1.005 euros por habitante ajustado, una desigualdad que Montero considera injustificable y que el Ministerio se propone "aplanar" en la reforma.

Para concluir, también ha explicado que el Ejecutivo ampliará la capacidad normativa de las autonomías mediante un “nuevo modelo de gestión en red entre las administraciones tributarias de los territorios y la agencia estatal tributaria", que permitirá a las comunidades asumir progresivamente mayores competencias "en la gestión sin que ello tenga o impida la implantación total de la política fiscal en el conjunto del territorio".

Las comunidades del PP denuncian un modelo “unilateral” y reclaman participar en el diseño

El anuncio de Montero ha generado malestar entre los consejeros de Hacienda de las comunidades del Partido Popular, que acusan al Gobierno de avanzar en una reforma sin contar con ellas. El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha denunciado que "va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica, pero no se nos dice ni cuál va a ser la base de ese sistema, ni cuál va a ser la cantidad de cobros que se van a incorporar, ni cómo se va a articular con las comunidades autónomas".

En este sentido, también ha cuestionado los plazos anunciados por Hacienda: "Lo que no se ha hecho en los últimos ocho años, ahora se nos dice que se va a hacer en los próximos dos meses, y todo ello sin contar con las comunidades autónomas". Marín ha insistido en que las comunidades gobernadas por el PP "representamos el 70% del territorio" y que, por tanto, deben participar en el diseño del modelo.

En esa misma línea, la consejera de Hacienda en Extremeña, Elena Manzano, ha advertido de que el Ministerio está diseñando un sistema "de forma unilateral", después de que Montero haya descartado constituir grupos de trabajo pese a que el artículo 5 del reglamento del CPFF lo permite. "Me ha dicho que grupos de trabajo no; trabajar con nosotros, no", ha señalado. De acuerdo con Manzano, Hacienda presentará su propuesta a principios de 2026 y solo después se abrirá el debate con las regiones.

A estas críticas se ha sumado la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, que ha lamentado que "una vez más los independentistas, que son los que se quieren ir de este país, son los que están negociando el modelo que se va a implantar al resto de territorios". La consejera andaluza ha calificado la situación de "indignante" y ha reclamado que la reforma se negocie con todas las comunidades en igualdad, sin acuerdos previos que, a su juicio, condicionen el modelo para el conjunto del país.

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