A mediados de octubre, los tres sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— acordaron convocar juntos un calendario de movilizaciones que concluiría con la que sería la primera huelga general de funcionarios desde que gobierna Pedro Sánchez, en protesta por el bloqueo del Ministerio de Función Pública en la negociación del acuerdo salarial para los funcionarios. Sin embargo, este frente común ha comenzado a resquebrajarse tras reactivarse la mesa de diálogo, a raíz de la última propuesta ofrecida este jueves por el departamento que dirige Óscar López.

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La primera oferta de Función Pública contemplaba una subida salarial del 10% a repartir en el periodo 2025-2028. Los tres sindicatos rechazaron la propuesta al considerar que no compensaba la inflación prevista para este año, y por tanto, impedía recuperar el poder adquisitivo perdido de los funcionarios en los últimos años. Además, subrayaron que el Gobierno contaba con margen presupuestario para mejorar la oferta, al estar registrando niveles de recaudación históricos y haber elevado el techo de gasto público un 8,5% para los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Ante la negativa de los sindicatos, Función Pública decidió revisar el margen presupuestario y, tras consultar con el Ministerio de Hacienda, elevó su oferta inicial del 10% al 11%, un punto porcentual que, según el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, supone 2.000 millones de euros adicionales. De esta forma, en total, el impacto presupuestario de la última propuesta ascendería hasta los 22.000 millones de euros para el periodo 2025-2028.

Según CSIF, el porcentaje final podría incluso alcanzar el 11,5% debido al efecto arrastre que generan los incrementos en la contabilidad. No obstante, el Ejecutivo prevé limitar las subidas de 2025 y 2026 a un máximo del 4% entre los dos años, lo que podría traducirse en una nueva pérdida de poder adquisitivo si, como estiman los expertos, la inflación se sitúa en torno al 2,6% al cierre del presente ejercicio. Además, el 7% restante que se distribuya entre 2027 y 2028 coincidirá con el fin de la legislatura actual, lo que en la práctica implicará dejar al próximo Gobierno la parte más costosa de la subida salarial.

Otro punto clave durante la reunión fue que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, advirtió expresamente de que no habría "plan B", instando a las organizaciones sindicales a pronunciarse sobre esta oferta como única alternativa posible y a consultarla internamente de cara a la nueva reunión convocada para este lunes.

División entre los sindicatos

Precisamente esta propuesta —planteada como la única alternativa posible— ha sido la que ha roto la unidad sindical demostrada en la convocatoria conjunta de movilizaciones. Por un lado, el Consejo Federal de la Unión General de Trabajadores (UGT) —el órgano consultivo del sindicato compuesto por todas las secretarías generales territoriales y la dirección federal— ha decidido dar "luz verde" a la oferta. En una nota de prensa, han explicado que la nueva propuesta "permitiría recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo en la vigencia del acuerdo".

Por el lado contrario, CSIF mantiene la amenaza de huelga. Rechazan el acuerdo por considerarlo "insuficiente", según afirmó este jueves la secretaria nacional de negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, quien advirtió que "la oferta condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010". Aunque reconoce que valoran el punto adicional ofrecido por Función Pública, Dorronzoro también subrayó que "si se mantiene el 4% para los dos primeros años, tendremos que volver a las calles". Además, insistió en que aún existe margen: "Vamos a negociar hasta el último minuto. Pensamos que todavía hay flexibilidad".

Por último, Comisiones Obreras ha decidido posponer su posición definitiva hasta la próxima reunión de la mesa de negociación, prevista para este lunes, después de haber analizado internamente la oferta este viernes. Pese a ello, su secretario general, Unai Sordo, ha reconocido también este viernes que, aunque el Gobierno ha mostrado buena voluntad al mejorar la propuesta inicial, el sindicato "no está todavía en disposición de cerrar un acuerdo, ni mucho menos". Sordo ha añadido que hay margen de subida salarial y ha insistido en que "si se quiere reforzar un contrato social, es el momento de mejorar las retribuciones" del sector público.

De esta forma, y a falta de que se pronuncie definitivamente CCOO este lunes, la división entre los sindicatos marcará la recta final de esta negociación, que amenaza con fracturar el frente común construido en torno a la convocatoria de movilizaciones. El lunes se celebrará la quinta reunión desde que se reabrió la mesa, en la que no solo se abordan cuestiones salariales, sino también aspectos de empleo público, como la agilización de los procesos selectivos o la eliminación de la tasa de reposición. Así, el desenlace de este encuentro resultará determinante para confirmar si la propuesta salarial del Gobierno logra evitar la huelga de diciembre o, por el contrario, desencadena una nueva etapa de confrontación con los funcionarios.

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