En el sector eléctrico no dan crédito. A menos de un mes de que España tenga que fijar el nuevo marco para remunerar las inversiones en la red eléctrica para los próximos cinco años, la fractura en el organismo que debe regularlo, la CNMC, no tiene precedentes. La decisión de la presidenta de destituir al hasta ahora subdirector de regulación de la entidad, Ismael Bahillo por discrepancias en el modelo que se debía aprobar, ha abierto una crisis profunda en la entidad que en apenas unas semanas tendrá que posicionarse sobre una medida que será determinante para el futuro desarrollo y modernización de las redes eléctricas de nuestro país.

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Hacía meses que las eléctricas y la CNMC discrepaban sobre la fórmula de retribución que se debía ofrecer a quien invirtieran en nuestro sistema de distribución y transporte. La propuesta de la CNMC plantea una retribución del 6,58% -actualmente es del 5,58%- y que en el caso de la distribución la remuneración se condicione a la demanda, no así para el transporte. Las eléctricas siempre han reclamado la necesidad de elevar esa tasa al menos hasta el 7,5% para hacerla más competitiva, equipararla al resto de Europa y ser capaz de atraer las inversiones millonarias que requiere la red española. Cuestionan también que se establezcan criterios diferenciados para la distribución y el transporte.

En este pulso, incluso el Ministerio de Transición Ecológica emitió un informe instando a aprobar una tasa competitiva con el resto de Europa. El Ejecutivo ha apelado a la necesidad de dar un salto de desarrollo y modernidad en las redes eléctricas para que sean capaces de afrontar el proceso de electrificación que requiere la descarbonización. Actualmente el grado de colapso de la red alcanza el 87%, obligando a dejar fuera a numerosos proyectos por falta de capacidad de la red.  

Las discrepancias en el modelo de remuneración y tasa a aplicar en el periodo 2026-2031 también han sido evidentes en el seno de la CNMC. La nueva metodología para calcular la tasa de retribución a las inversiones en redes no contó con el respaldo de los 10 miembros del pleno. Al menos dos de ellos, María Jesús Martín y Josep María Salas, se opusieron a ella y emitieron votos particulares a la propuesta liderada por Cani. En los mismos hablaron incluso de un modelo “discriminatorio” y “confiscatorio”.

"Un golpe en la mesa de Cani"

“Es un golpe en la mesa de Cani”, aseguraban fuentes de una de las principales compañías energéticas del país. En otra de ellas no salían de su asombro por haber despedido a Bahillo, “un hombre de la casa, de toda la vida” en un momento así. Más aún al tratarse de una de las figuras que en la CNMC mejor conoce la situación y necesidades del sector energético. Desde una de las principales organizaciones del sector energético lamentan el daño institucional y reputacional que puede hacer una decisión de este tipo, “estamos hablando de un técnico de reconocido prestigio, después de tantos años y en un momento así, en medio de un proceso como este”: “Es difícil de entender, no se puede expulsar a un experto por dar argumentos técnicos”.

Una de las discrepancias principales se sitúa en que el modelo que plantea la CNMC conlleva más riesgo para las inversiones en distribución, que las que existen en la actualidad, al condicionarlas a la demanda. También que este criterio no se aplique para las inversiones vinculadas al transporte.  

La propuesta hace días que fue remitida al Consejo de Estado. Junto a ella, también se incluyeron los votos discrepantes y el informe emitido por el ministerio de Sara Aagesen. Tras abrir un periodo de alegaciones abierta al sector y los agentes implicados y que culminó este lunes, el Consejo de Estado deberá emitir un informe en el plazo de dos semanas y remitirlo a la CNMC. Su opinión no es vinculante, pero si deberá tenerla en cuenta el órgano regulador antes de emitir la decisión definitiva con la que fijará la remuneración para las inversiones en redes para el próximo lustro.

"Debería rondar el 7%"

La presidenta de la CNMC ha defendido lo que considera que es un marco "sólido, transparente, previsible, razonable y competitivo" y que ofrece seguridad a los inversores y garantías a los consumidores, sobre los que recae la financiación de la remuneración. A ello suma que hacer un planteamiento por un periodo de seis años ofrece "certidumbre y previsibilidad".

Precisamente ayer la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor recordó que España requerirá un volumen de inversión muy relevante para aspectos como la digitalización de la red o la ciberseguridad, por lo que considera demasiado “ajustada” la tasa de remuneración que plantea la CNMC: “Debería plantearse en un espectro que rondara el 7%”, aseguró.

Por el momento, Redeia trabaja bajo la propuesta que presenta la CNMC del 6,5%. Corredor apunta que lo hace por “criterios de prudencia”: “Cuando un inversor ve el retorno que va a tener en España con una TRF del 6,5% frente a otro país con 7,5% o el 8% este inversor no se inclina por España”, aseguró Corredor.  

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