La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este martes un informe sobre los ingresos fiscales de los 38 países miembro. El documento subraya que "la mayor proporción de cotizaciones sociales a cargo de los empleadores dentro del total de ingresos tributarios se dio en Estonia, con un 32,6%", seguida por la República Checa (28%) y España (25,9%). En el caso español, esto se traduce en que de los 545.400 millones de euros que recaudó Hacienda en 2023, 141.000 procedieron de las cotizaciones sociales abonadas por las empresas, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros que ingresa el Estado por impuestos.

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De hecho, el peso de las cotizaciones empresariales no solo es elevado en términos de recaudación total, también lo es cuando se analiza cómo se reparten internamente el 100% de las cotizaciones sociales. Y es que, según los datos de la OCDE, España vuelve a situarse en el tercer puesto, ya que las empresas asumen el 74,61% de toda la recaudación de Hacienda vía cotizaciones, únicamente por detrás de Estonia (91,76%) y Dinamarca (79,41%).

Este desglose refleja que la estructura del sistema tributario español descansa de forma especialmente intensa sobre las aportaciones de los empleadores en comparación con el resto de economías avanzadas. Pero eso no es todo. Si se analiza el peso de las cotizaciones sociales dentro del conjunto de los ingresos fiscales, la brecha con la media internacional vuelve a ampliarse. Mientras que en el promedio de la OCDE las cotizaciones representaron el 25,5% del total recaudado en 2023, en España ascendieron hasta el 34,7%, lo que sitúa al país nueve puntos por encima del entorno.

Sistema tributario español vs. sistema promedio de la OCDE

En consecuencia, la elevada proporción que alcanzan las cotizaciones sociales en España determinan una estructura tributaria distinta de la del conjunto de la OCDE. Y ya que el peso del IRPF es muy similar en ambos casos —24,4% en España frente al 23,7% del promedio—, las diferencias se acentúan en el resto de figuras.

El impuesto sobre sociedades aporta en España el 8% de la recaudación total, frente al 11,9% en el conjunto de las economías avanzadas, y los tributos sobre el consumo —donde se incluye el IVA— representan el 26,8% de los ingresos públicos, por debajo del 31,3% que suponen de media en la OCDE. Un reparto que refleja un sistema fiscal español más dependiente de los impuestos al trabajo y menos, de los derivados del consumo.

Precisamente, este desequilibrio no es un detalle menor. Hace dos semanas, la OCDE alertaba en un estudio sobre la situación económica de España de los riesgos que suponen seguir cargando las cotizaciones sociales para poder financiar el gasto en pensiones. En el documento, se instaba al Gobierno a "reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionantes", ya que los altos costes para las empresas en las cotizaciones "podrían desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo". Ante ello, la Organización recordaba que España recaudaba menos por los impuestos al consumo y defendia la necesidad de una reforma fiscal amplia que redistribuyera la presión entre las figuras impostivas, reduciendo la dependencia del sistema hacia las cotizaciones a favor de un endurecimiento de los impuestos al consumo.

Presión creciente sobre las empresas

La advertencia de la OCDE cobra especial relevancia si se analiza la evolución reciente del esfuerzo que soportan las empresas. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, las empresas han sufrido un incremento en el pago de las cotizaciones del 30%, según se desprende de la Encuesta de Coste Laboral que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, la aportación media por trabajador ha pasado de los 595,78 euros en el segundo trimestre de 2018 a los 775,27 euros en el segundo trimestre de 2025.

De esta forma, la recaudación de la Seguridad Social ha logrado encadenar máximos históricos: solo hasta octubre, el sistema ha ingresado 147.113 millones de euros, 9.365 millones más que hace un año. Sin embargo, este avance sigue sin ser suficiente para poder cubrir el fuerte aumento del gasto social, impulsado por la jubilación de la generación del baby boom, la revalorización de las pensiones conforme evoluciona la inflación y el crecimiento de las bajas laborales. Como consecuencia, las cotizaciones han perdido peso en la financiación del sistema: representaban el 84,5% de los ingresos corrientes en 2018 y actualmente suponen el 72,6%.

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