Tres días antes de que el comité de expertos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentase su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, la CEOE y Cepyme remitieron a los medios un comunicado conjunto con la suya: un 1,5%. La oferta de los empresarios fue calificada por Díaz como "una broma de mal gusto" si se tenía en cuenta que la inflación de 2025 cerrará por encima de esta cifra —entre enero y noviembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio se ha situado en el 2,7%—. Una opinión compartida por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que el jueves pasado se mostró a favor de que el SMI experimentase una subida "en línea con la inflación" con el objetivo de mantener intacto el poder adquisitivo de los trabajadores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al ampliar la perspectiva temporal, los datos dibujan un escenario distinto. Desde 2019, las subidas anuales del SMI han supuesto una revalorización acumulada del 60,9%, casi el triple del avance registrado por la inflación en el mismo periodo, que se ha situado en el 22,6%. Por otro lado se encuentran el resto de salarios, cuya evolución ha sido inferior a la de los precios y, en consecuencia, han perdido poder adquisitivo con un aumento acumulado del 20,37%, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral. De este modo, aunque se produjera una pérdida de poder adquisitivo puntual en el presente ejercicio, el efecto agregado de las alzas aplicadas desde 2019 ha permitido a los perceptores del salario mínimo mantener —e incluso mejorar— su poder de compra en términos reales, al contrario de lo que les ha sucedido al resto de asalariados.

Además, las organizaciones empresariales defienden que su propuesta del 1,5% se alinea con el criterio salarial que el propio Gobierno ha trasladado al conjunto de empleados públicos. En concreto, el Ministerio de Función Pública ha previsto para 2026 una subida del 1,5% para los funcionarios, a la que podría añadirse un 0,5% adicional si la inflación de ese año iguala o supera el 1,5%. En este sentido, la CEOE y Cepyme han considerado que la referencia de los empleados públicos debería extenderse al salario mínimo, como elemento de coherencia con el resto de políticas salariales.

De hecho, el propio comité de expertos ha reconocido en su informe que "situar el SMI de 2026 en el 60% del salario medio neto de 2025 exigiría un aumento del SMI bruto en 2026 del 1,8%", una cifra próxima a la oferta de los empresarios. No obstante, los asesores de Yolanda Díaz justificaron haber reforzado esa recomendación inicial al considerar que dicho incremento no sería suficiente para absorber la evolución de los precios, por lo que calificaron de "razonable" aplicar una subida superior con el objetivo de evitar una pérdida de poder adquisitivo en 2026.

Una decisión que, según reconocen en el documento, supone un ajuste "novedoso" respecto a ejercicios anteriores ya que, por primera vez, el comité admite haber ajustado al alza sus propios cálculos iniciales, elevando la recomendación hasta el 3,1% en un escenario sin tributación para garantizar que el salario mínimo no quede por detrás del coste de la vida.

El choque por los complementos salariales

El debate sobre la cuantía del SMI está, además, estrechamente ligado a otro de los principales puntos de fricción entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones empresariales: las reglas de compensación y absorción de los pluses salariales. La CEOE y Cepyme condicionaron su propuesta de subida del 1,5% a que se mantenga intacto el actual marco del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas compensar el alza del salario mínimo mediante la absorción de complementos salariales ya existentes. Un mecanismo avalado por diferentes sentencias del Tribunal Supremo, pero que sindicatos y Trabajo consideran que vacía de contenido las subidas del SMI, al impedir que el incremento se traslade de forma efectiva a las nóminas.

En este contexto, la ministra de Trabajo anunció el pasado viernes la apertura de la consulta pública previa para modificar esta regulación: "Si un trabajador cobra un plus de peligrosidad, ese plus no puede desaparecer cuando sube el salario mínimo. Lo vamos a blindar legalmente", afirmó Díaz, anticipando una batalla con la patronal, que ya ha advertido de que recurrirá la norma en los tribunales al considerar que invade el ámbito legislativo.

PUBLICIDAD