Apagón, nucleares y red colapsada, el año que obligó a repensar el modelo energético español

El año 2025 pasará a la historia de la energía de nuestro país. Lo hará por muchas razones. Sin duda, la principal, por el colapso sufrido en la red de suministro el pasado 28 de abril y que dejó a oscuras a toda España. Al apagón le siguió un cruce de acusaciones en busca de culpables entre Red Eléctrica y las energéticas. El ‘cero energético’ también afloró las carencias y urgencias de un sistema que se ha demostrado insuficiente, algo desfasado e incapaz de afrontar el incremento de demanda que requiere el modelo económico y energético descarbonizado y electrificado por el que ha apostado España.

El impacto del apagón se tradujo en un cambio de modelo energético. Desde entonces Red Eléctrica optó por un modelo reforzado en el que las energías convencionales recuperan peso en aras a un mejor control de las oscilaciones en la red. Un refuerzo que se ha reducido, por ejemplo, en un incremento de la actividad de los ciclos combinados de gas.

El año se cerrará con un incremento del consumo eléctrico del 2,6%. El origen de esa energía será en un 56% de fuentes renovables, según las estimaciones de Red Eléctrica para el cierre de este año. La eólica será la primera fuente de generación por tercer año consecutivo, con un 22% del ‘mix’ energético y la fotovoltaica registrará un máximo histórico anual y se igualará con la nuclear, ambas rondarán el 19% del total de generación. El gas de los ciclos combinados ha representado este año el 17% del total, la fuente hidráulica el 12% y la cogeneración el 6%. Una de las novedades con las que se cierra el año es la incorporación en los registros del impacto que tiene el autoconsumo en nuestro país, cuya potencia instalada alcanza ya los 8,7 GM y una generación que supera ya los 10.000 GWh al año.

Pero el año que ahora acaba también pasará a la historia reciente por ser el ejercicio en el que el debate nuclear en nuestro país se abrió en canal. La necesidad de ratificar o no el acuerdo alcanzado en 2019 para poner fecha de cierre en 2035 a las centrales nucleares aún sigue abierto. En estos meses ha irrumpido con fuerza un pulso entre la resistencia por parte del gobierno a reconsiderar el final del ciclo nuclear en España y la presión social en contra de su cierre por el impacto económico que acarrearía.

El futuro de Almaraz, pendiente del CSN

En este debate, las energéticas han ido demorando su posición hasta que el 30 de octubre las propietarias de las cinco centrales y siete reactores, Iberdrola Endesa y Naturgy trasladaron oficialmente al Gobierno su disposición a prolongar la vida útil de las centrales y no activar en 2027 el primero de los cierres previstos: el reactor I de Almaraz. Lo hicieron dejando atrás una de sus peticiones más repetidas, la rebaja de la carga fiscal que soportan. La disposición a prorrogar Almaraz al menos hasta 2030 sigue siendo evaluada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

El organismo regulador ha solicitado más información a las propietarias sobre aspectos como la gestión del envejecimiento de las instalaciones, componentes de seguridad, sistemas o sobre la gestión de los combustibles gastados que se seguirían generando. Pese a que el plazo para que el CSN pueda emitir su dictamen se extiende hasta agosto de 2027 todo apunta a que se pronunciará mucho antes para no demorar el desenlace de una cuestión que se ha extendido durante muchos meses.

El tercero de los episodios por el que será recordado este ejercicio será por el pulso librado entre las compañías eléctricas y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por la retribución a las inversiones en redes. El modelo y la tasa que determinará el futuro de la red nacional se debía acordar antes de final de año y la CNMC finalmente aprobó las circulares que fijan el marco y que no ha gustado al sector.

Establecer una remuneración del 6,58% sitúa, según el sector, a España en el ‘furgón de cola’ de los mercados más competitivos e interesantes para invertir en la mejora de la red eléctrica. Insisten en que la necesidad de mejorar y modernizar la red es acuciante al encontrase en niveles de colapso del 88% en muchos de sus nudos. A días de que termine el ejercicio, el órgano regulador aprobó, no sin fractura interna, las condiciones que regirán hasta 2031 y que considera que defienden al mismo tiempo los intereses de los consumidores y las necesidades de inversión de la red en España. Las eléctricas ya han urgido a reconsiderar lo aprobado.

Beneficios récord

Apagón, nucleares y retribución de redes han marcado el ejercicio en el que las grandes energéticas han seguido presentando resultados récord pese a la tensión vivida por el sector en múltiples frentes. A falta de la presentación del cierre del ejercicio, las previsiones de cierre que barajaban en octubre las tres grandes energéticas, Iberdrola, Endesa y Naturgy sumaban beneficios de cerca de 11.000 millones de euros. Endesa estimaba hace apenas tres meses cerrar el año con alrededor de 2.000 millones de beneficio neto, una previsión similar a la que baraja Naturgy.

Compañías como Iberdrola preveían unos beneficios en todo el año de 6.600 millones. Bien es cierto que hace apenas una semana llegó el revés de la Administración Trump que suspendió con efecto inmediato los contratos de arrendamiento a varios proyectos eólicos marinos alegando razones de seguridad nacional. Entre los proyectos afectados se encontraba Vineyard Wind I, el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto situado frente a las costas de Massachusetts ha implicado una inversión de 2.700 millones de euros.

Otro de los ejes importantes con los que se cierra el año es el nuevo plan Auto 2030 con el que el Gobierno quiere dar un nuevo impulso a la electrificación de la movilidad. En España el porcentaje de vehículos electrificados, pese a seguir aumentando, continúan representando un porcentaje muy reducido de apenas el 1,6% del total. El Ejecutivo presentó recientemente el Plan Auto 2030 con el que pretende acelerar la descarbonización de las carreteras. Las ayudas a la compra de vehículos eléctricos se centralizarán en la Administración del Estado y no a través de las Comunidades Autónomas. El ‘Plan Auto Plus’ sustituirá al Moves III y estará dotado con 400 millones de euros. El objetivo es facilitar la compra de vehículos eléctricos por debajo de los 25.000 euros. Además, se destinarán otros 300 millones de euros a ayudas a la instalación de más puntos de recarga en las zonas con menos red.