La reforma de las pensiones de 2021, impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo un nuevo marco de desincentivos con el objetivo de reducir el recurso a la jubilación anticipada y retrasar la salida del mercado laboral. Para ello, se aprobó un sistema de coeficientes reductores que penaliza hasta con un 21% la cuantía de la pensión a quienes adelanten voluntariamente su retiro antes de la edad legal ordinaria, que en 2026 se fija en los 65 años cuando se acreditan 38 años y 3 meses de cotización y en 66 años y 10 meses para quienes no alcancen este umbral.

PUBLICIDAD

A fin de mejorar la sostenibilidad de las arcas públicas, el cambio normativo se produjo en un momento en el que la jubilación anticipada tenía un peso elevado dentro del sistema. En 2021, último año completo previo a la entrada en vigor de la reforma, 123.698 personas adelantaron su jubilación, lo que representaba el 39,1% del total de altas, que ese año ascendieron hasta las 316.156. En 2025 —con datos del Ministerio de Seguridad Social disponibles hasta noviembre—, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido hasta las 92.069, sobre un total de 342.665 jubilaciones, rebajando su peso relativo hasta el 26,9%. Sin embargo, dentro de este dato agregado, la composición interna de las jubilaciones anticipadas ha cambiado ligeramente.

Mientras que en 2021, 62.927 personas adelantaron su jubilación de forma voluntaria —lo que representaba el 50,9% del total de jubilaciones anticipadas—, en los primeros once meses de 2025, las jubilaciones anticipadas voluntarias han pasado a representar el 54,9%, con 50.538 personas que optaron por esta modalidad de retiro. Así, aunque el ejercicio de 2025 aún no está cerrado y el análisis definitivo deberá realizarse con los datos completos, este incremento del peso relativo de las jubilaciones anticipadas voluntarias sugiere que los coeficientes reductores no están modificando de forma significativa las decisiones individuales de jubilación anticipada, una pauta coherente con lo analizado en los primeros años de aplicación del nuevo modelo.

Las voluntarias: el 9,4% del ajuste

Tal y como explicó previamente El Independiente, la reducción de las jubilaciones anticipadas entre 2021 y 2024 no se concentró en la modalidad voluntaria, pese a ser el principal objetivo de los coeficientes introducidos por Escrivá. En términos agregados, entre 2021 y 2024 el número de jubilaciones anticipadas descendió en 14.730 personas, al pasar de 123.698 a 108.968. Sin embargo, este ajuste se explicó fundamentalmente por el retroceso de las jubilaciones no voluntarias y por la desaparación progresiva de la modalidad especial de jubilación a los 64 años, mientras que las jubilaciones anticipadas voluntarias apenas contribuyeron a la reducción total.

En concreto, las jubilaciones anticipadas no voluntarias —aquellas derivadas de despidos o procesos de reestructuración empresarial— pasaron de 22.829 a 13.192, concentrando el 54,7% del ajuste total. A ellas se sumó la modalidad especial de jubilación a los 64 años, un régimen en extinción que se desplomó desde las 6.596 altas en 2021 hasta las 273 en 2024, y que explicó otro 35,9% de la caída total. Por su lado, las jubilaciones anticipadas voluntarias registraron débiles descensos, al pasar de 62.927 a 61.269, lo que representa el 9,4% del ajuste registrado en este periodo.

Un comportamiento que cobra especial relevancia en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre el sistema de pensiones. Desde 2023 han comenzado a cumplir 65 años las primeras cohortes de la generación del baby boom —los nacidos entre 1958 y 1977—, una generación más numerosa que las anteriores cuya jubilación masiva amenaza con tensionar el gasto público durante las próximas décadas. Según la OCDE, España será el país que más presupuesto destine al pago de las pensiones en relación con su PIB, lo que refuerza la importancia de analizar hasta qué punto las reformas aprobadas están logrando modificar los comportamientos individuales de jubilación.

El cálculo de la pensión en 2026

A este escenario se suma otro de los cambios impulsados en la reforma de 2021. Desde el 1 de enero de 2026, los nuevos jubilados podrán calcular su pensión eligiendo entre dos fórmulas: los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o un nuevo sistema basado en 29 años de cotización en los que se pueden descartar los dos peores años. No obstante, la reforma entra en vigor de manera progresiva y en el presente ejercicio solo se podrán descartar los dos peores meses de cotización dentro de los 304 meses (25 años y 4 meses) anteriores al mes previo de la jubilación.

Este sistema se desplegará gradualmente durante más de una década. Hasta 2040, los trabajadores podrán elegir entre el antiguo y el nuevo modelo de cálculo. Pero entre 2021 y 2043, ese periodo de referencia se irá ampliando a razón de seis meses por año, desde los 25 años y seis meses hasta los 26 años y seis meses, pudiendo optarse en paralelo por el cómputo de 29 años menos los dos peores. No obstante, una vez que se llegue a 2044, desaparecerá la posibilidad de elección y la pensión se calculará exclusivamente sobre los 27 años efectivos de cotización, es decir, excluyendo los dos peores años de entre 29 años.

PUBLICIDAD