El Ministerio de Trabajo ha anunciado este miércoles la propuesta de incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) correspondiente para 2026. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha defendido una subida del 3,1%, lo que se traduce en un alza de 37 euros mensuales ―en 14 pagas―, pasando de los 1.184 euros mensuales vigentes en 2025 hasta los 1.221 euros. Esta cuantía supondrá un coste bruto para las empresas españolas de 1.782,5 millones de euros, ya que, según los cálculos de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros.

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De hecho, la subida del 3,1% planteada por Trabajo se sitúa por encima de las propuestas defendidas tanto por la patronal como por los sindicatos. En concreto, la oferta de la CEOE y Cepyme abogaba por un aumento del 1,5% (1.202 euros mensuales), que habría costado a las empresas 862,5 millones; mientras que la planteada por CCOO y UGT, del 2,7% (1.216 euros), se habría traducido en un impacto de 1552,5 millones. Así, la propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz implicaría 920 millones más que la defendida por la patronal y 230 millones más que la planteada por los sindicatos.

El choque por los pluses salariales

Por el momento, la propuesta del Ministerio de Trabajo ha sido recibida con cautela por parte de los agentes sociales. Fuentes de la patronal consultadas por este medio señalan que están "analizando la propuesta a nivel interno" antes de fijar una posición definitiva. Desde los sindicatos, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado que la propuesta del Gobierno avanza en la consolidación de un salario mínimo alineado con las referencias de la Carta Social Europea, que sitúan el SMI en torno al 60% del salario medio neto.

No obstante, CCOO condiciona su apoyo a que el Gobierno reforme la regulación de esta renta mínima para evitar que las empresas neutralicen la subida del SMI mediante la reducción de complementos o pluses salariales, impidiendo que el aumento se refleje de forma efectiva en las nóminas. Esta cuestión constituye, además, uno de los principales puntos de fricción con la patronal, que al presentar su propuesta de subida condicionó su apoyo a que se respetasen las reglas de absorción y compensación previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Esta cuestión no se ha abordado en la reunión de este miércoles. Según ha precisado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial se tramitaría, en su caso, a través de un decreto distinto, lo que deja margen para que el Gobierno continúe negociando este punto con los agentes sociales sin bloquear el acuerdo sobre la subida del SMI.

El PP rechaza la subida del SMI por falta de consenso

Por su parte, el Partido Popular ha rechazado la propuesta del Gobierno para elevar el SMI un 3,1% en 2026 al considerar que no cuenta con el respaldo ni de la patronal ni de los sindicatos. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha insistido en que su formación "siempre" ha defendido que cualquier subida del salario mínimo debe surgir del consenso en el marco del diálogo social.

Además, Bravo ha criticado "la mala política y la mala gestión" del Ejecutivo y ha augurado una cuesta de enero "dramática" para millones de españoles por la "asfixia" fiscal y la subida de los precios: "Los españoles pagamos cada vez más por recibir menos. Más impuestos que nunca por servicios más deficientes".

De acuerdo con el vicesecretario de Hacienda del PP, pese a este aumento de la carga fiscal, los españoles perciben una pérdida de poder adquisitivo, que atribuye al fuerte encarecimiento del coste de la vida en los últimos años. En este sentido, Bravo ha subrayado que la cesta de la compra ha subido más de un 40% y que el aumento del precio de la vivienda ha erosionado de forma significativa los ingresos de las familias desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

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