El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a arrancar el año con anuncios en materia de vivienda. Al igual que hizo en 2025, el jefe del Ejecutivo prometió un real decreto para que los caseros puedan disfrutar de deducciones del 100% en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si no suben el precio a sus inquilinos cuando toque renovar el contrato. Dar nuevas prebendas a los propietarios no gustó nada entre las filas de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición. Tampoco a otras fuerzas parlamentarias clave para que la medida prospere.

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Pero técnicamente, las deducciones ya se han aplicado desde que se aprobó la polémica ley por el derecho a la Vivienda. Aunque lo máximo que se podía deducir era el 90%, en aquellos casos en que fueran zonas tensionadas y se bajara el precio al menos un 5%. "Esto podría ser un contrasentido", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda.

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A la espera de la letra pequeña del real decreto que se aprobará en las próximas semanas por el Consejo de Ministros, cunde la prudencia a la hora de valorar el impacto real que puede tener una medida que va a acompañada de otras dos para poner coto al uso fraudulento de las modalidades de alquiler de temporada y por habitaciones, a fin de burlar la ley vigente.

Desde el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez aseguran que todos los demás detalles del contenido del decreto se conocerán cuando se apruebe en Consejo de Ministros. Sánchez no ha dicho nada acerca de si la medida operará también en caso de que el propietario mantenga el precio aunque cambien los inquilinos.

Pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apresuró en mostrar su disconformidad con la medida. La crítica se extendió al resto de miembros de su espacio político que forman parte del Gobierno. Sánchez defendió después en rueda de prensa que intentará negociar la medida. Aunque advirtió que no pueden intervenir como tal el mercado. Sumar lleva semanas pidiendo aprobar la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año. 

Desde Gestha recuerdan además que la deducción del 100% del IRPF se adopta antes de conocer cuál ha sido la acogida y el resultado de las deducciones actualmente disponibles, que pueden ser de un 50, un 60, un 70 y el antes mencionado 90%. "No ha habido tiempo de ver si las deducciones vigentes desde enero del año pasado han tenido un impacto positivo. Falta tiempo para evaluarlo", explica Mollineado.

Desde el sindicato no se atreven a realizar ningún cálculo hasta que no haya una propuesta definitiva sobre la mesa. Pero no tienen claro que todos los caseros se vean atraídos por la medida, cuando hay zonas donde la subida respecto a los precios de los contratos firmados en pandemia puede ser un 40% superior. "A lo mejor el aumento del precio del alquiler es más grande que lo que se a ahorrar en pago de impuestos", reflexiona.

El informe mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al mes de julio refleja que unos 2,7 millones de declaraciones aplicaron el 60%, unas 730.000 un porcentaje inferior y algo menos de 42.500 tuvieron derecho a reducciones superiores. Ahora bien, habrá que esperar a final de año para tener la estadística definitiva que recoja cuántos contribuyentes se beneficiaron de estas medidas.

La deducción opera sobre el rendimiento que se obtiene del alquiler. Y eso es en torno al 70% del precio que se cobra al inquilino. Es decir, restados los gastos que implica mantener esa vivienda, por ejemplo con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que corre a cargo del propietario.

Más allá del rechazo generado entre las fuerzas políticas que sería necesarias para sacar adelante las medidas, el descontento también llega por la parte social. "Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen", critican desde el Sindicato de Inquilinos. "Mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos. Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa", rematan.