El gran problema de la legislatura y uno de los que más preocupa a los españoles está enquistado. Ni el Gobierno central -en manos del PSOE- ni los gobiernos autonómicos -mayoritariamente contralados por el PP- son capaces de atajar la crisis de vivienda que por un lado amenaza con subidas masivas de los alquileres a todos aquellos inquilinos que tienen que renovar los contratos firmados tras la pandemia y, por otro, impide a amplias capas de la población acceder a una vivienda en propiedad.

Tras aprobar hace dos años una polémica ley por el derecho a la Vivienda de la mano de Podemos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza sistemáticamente anuncios que prometen paliar una crisis que no hace sino crecer. En 2023 prometió construir 183.000 viviendas públicas. No hay datos oficiales de cuántas se han puesto en marcha o si hay alguna terminada.

Hace un año también anunció la conversión de la antigua Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la empresa estatal Casa 47. Con esta sociedad que acaba de echar a andar, el Ejecutivo pretende garantizar el acceso a un alquiler asequible. No en vano, la entidad presidida por Leire Iglesias va a recibir 40.000 casas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado 'banco malo'. También se encargará de construir el nuevo parque público de viviendas a precios asequibles.

Pero tras más de siete años en La Moncloa, los de Alberto Núñez Feijóo tienen cada vez más claro que políticamente tienen servido en bandeja un argumento con el que desgastar al Ejecutivo central. Y ponen sobre la mesa su propia hoja de ruta en la materia. El líder de los 'populares' expuso este lunes desde Barcelona sus recetas para atajar la crisis del sector.

Una de las principales pasa por agilizar la construcción y reducir las trabas y los trámites burocráticos de competencia autonómica y municipal que hay que superar para levantar un edificio residencial. El PP propone la movilización ágil de todo el suelo disponible, con un 30 % de rebaja del precio de la media del mercado. Y también plantea un Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción.

Además defiende una mayor flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana, así como reforzar la colaboración público-privada. El gran caballo de batalla reside en la aprobación de una nueva Ley de Suelo, que ya estuvo a punto de obtener luz verde en febrero de 2025 pero que finalmente fue tumbada en el Congreso pese a que era una reclamación unánime de todo el sector inmobiliario.

En pleno debate sobre el nuevo modelo de financiación pactado por Hacienda con ERC, el PP plantea también dar más financiación para las comunidades autónomas que faciliten la construcción de vivienda en su ámbito territorial. Asimismo, defiende habilitar el uso de remanentes de los ayuntamientos para política de vivienda. Ante la escasez de mano de obra, también defiende el diseño y puesta en marcha de un Plan Formativo y de Empleo Específico.

La estrategia de los 'populares' se orienta específicamente a la bolsa de votantes jóvenes que actualmente no puede acceder a la compra de vivienda. Por eso, los de Núñez Feijóo defienden la bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva, así como una bonificación en el IRPF a los jóvenes o la creación de una Hucha Hogar para ellos.  

Desde el Gobierno señalan una y otra vez que son los gobiernos regionales controlados por los 'populares' los que tienen en su mano activar medidas que contempla la normativa estatal para limitar precios de los alquileres en determinadas zonas. Pero el PP se niega a pasar por el aro y usar herramientas que consideran antiproducentes e intervencionistas del mercado.

Este lunes, Sánchez se puso el casco en la visita a las obras del nuevo barrio de Campamento, en Madrid, y anunció como gran medida que los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos cuando les toque revisar el contrato podrán disfrutar de una bonificación del 100% del IRPF. Un incentivo fiscal dirigido a los propietarios que levantó en armas a la parte del Gobierno de coalición que pilota la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y también a buen parte de los socios parlamentarios que necesita el Ejecutivo para que esa medida salga adelante.

Desde Sumar coinciden con el PSOE en la necesidad de ampliar el parque público, pero el socio de los socialistas en el Ejecutivo de coalición insiste en la necesidad de la congelación de alquileres y la renovación automática de contratos para impedir subidas cuando vencen. También propone gravar con un impuesto adicional a grandes tenedores de viviendas para desincentivar la acumulación de propiedades.

Al otro lado del espectro, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, saludó hace unos días la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, recordó que los de Santiago Abascal votaron en contra de una propuesta parecida que habían en noviembre de 2025. Junto a Vox, PP y Junts también tumbaron la proposición de ley del grupo para prohibir a los fondos de inversión, empresas, fundaciones o personas jurídicas comprar casas en España. Los socialistas se abstuvieron.