El nuevo sistema de financiación propuesto por la ministra de Hacienda María Jesús Montero a las Comunidades Autónomas agrandará un 26% la brecha entre la aportación neta al sistema que hace la Comunidad de Madrid y la que hace Cataluña. A falta de más detalles por parte del Ministerio, la simulación que ha hecho la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) refleja cómo la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso aportará más y la que preside el socialista Salvador Illa, mucho menos en términos netos al sistema.

En concreto, si la diferencia con el modelo actual fue de 5.709 millones de euros en 2023, ahora la región madrileña pasará a contribuir a la solidaridad interregional con 7.203 millones de euros más que la otra región más rica de España. Así lo recoge un informe rubricado por el director gerente de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los principales expertos en financiación autonómica del país.

Los cálculos del centro de estudios reflejan que la aportación de Cataluña se reducirá un 62% (1.456 millones) con el nuevo modelo que el Gobierno quiere que entre en vigor en 2027. Si con el sistema actual aportó en el último ejercicio disponible (2023) unos 2.266 millones, con la reforma pasaría a pagar solo 810. Por contra, Madrid pasará de aportar 7.975 a 8.013 millones, 39 más. Son las dos regiones junto a Baleares (194 millones) que les sale 'a pagar'.

La dirigente andaluza salió de la reunión con los consejeros regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) clamando contra las críticas vertidas por el PP al modelo negociado por el Gobierno con Esquerra (ERC). La titular de Hacienda negó que sea un sistema "ideado para contentar a Cataluña" y defendió la inyección adicional de 21.000 millones de euros anuales a las comunidades de régimen común. Algo para lo que se elevará la cesión de impuestos a los territorios, inyectándoles el 55% de IRPF y el 56,5% de IVA, en lugar del actual 50% .

Fedea concede que la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas diseñado por Montero hace un sistema de reparto más equitativo que el actual, que lleva más de una década caducado. En este sentido, señala que "el núcleo central del nuevo modelo es muy razonable". Y a eso se agarró Montero en su rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal.

Sin embargo, Fedea cuestiona varios aspectos del modelo y se queja de que introduce "parches" arbitrarios que favorecen a Cataluña. Se refiere específicamente al Fondo Climático y al Mecanismo IVA Pymes. "Reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar, y otra parte queda en el aire hasta que se concrete la evolución futura de las compensaciones de statu quo que se introducen para evitar que algunas comunidades pierdan recursos con el cambio de sistema", remarca el informe.

Según las tablas del informe, de los 31.448 millones que recauda Cataluña, finalmente podrá quedarse con 30.637 millones. Los 3.975 que pone en la caja común inicialmente se ven compensados varios de los elementos antes citados. Por el Mecanismo IVA de las pymes recibe 1.441 millones. Una "imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación", dice De la Fuente. "No está nada claro que esto genere algún beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias, o que el mecanismo propuesto genere incentivos para la formulación de una política sensata de apoyo a las empresas", critica.

Por el Fondo Climático, 216; y recupera otros 1.268 por nivelación vertical, un mecanismo para acortar la brecha que todas las regiones tienen con Madrid, la que más recauda. Esta última, frente a los que sucede con Cataluña, solo se podría quedar con 25.000 millones de los 33.047 millones de euros que recauda.

Por otro lado, Fedea también advierte del peligro que implica la merma de recursos para el Estado central y considera que "dejará al Estado con muy poco margen presupuestario" para afrontar el creciente gasto en sectores como la defensa o para pagar el déficit cada vez mayor de la Seguridad Social. "Para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos", avisa.

Por último, con lo que más preocupado se muestra es con "la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria 'en red'" de la Agencia Tributaria, a fin de dar encaje al pacto de financiación singular para Cataluña. En su opinión, "podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria". Montero negó la mayor en rueda de prensa.

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que las seis comunidades autónomas (CCAA) que obtienen más financiación en términos absolutos con el actual modelo seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León. Además, habría algunos cambios en Castilla La Mancha, que adelanta a Canarias, y la Región de Murcia, que adelanta a Aragón. Por su parte, Baleares, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja se mantienen en el mismo orden antes y después de la reforma propuesta.

Tras presentar la propuesta, el Gobierno comenzará a trabajar con las comunidades autónomas en encuentros bilaterales técnicos antes de redactar el proyecto de ley. Cuando tenga el texto armado, comenzará la negociación como tal con los grupos políticos. La intención es que entre en el Congreso durante este período de sesiones para que pueda aprobarse este año y entrar en vigor en 2027.

El modelo dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales. Y el PP se niega a dar su visto bueno. Ante la negativa de los de Alberto Núñez Feijóo, Montero anunció que la adscripción de las Comunidades al nuevo sistema será "voluntaria". La que no quiera, podrá quedarse con el actual modelo, a costa de una merma de millones para sus arcas públicas regionales. En este sentido, Montero recalcó que de los 20.975 millones adicionales que contempla su propuesta, más de 15.000 millones van asignados a comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares'