La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma más beneficiada del nuevo reparto, según el análisis elaborado por el director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), Ángel de la Fuente, a partir de los datos de 2023. De acuerdo con el informe, Cataluña obtendría un incremento de 507 euros por habitante, el mayor de todas las autonomías y más de 150 euros por encima de la media, que se sitúa en los 341 euros. Así, buena parte de esta mejora se explica por el peso que adquieren los dos mecanismos incorporados al margen del núcleo del sistema y que Fedea califica como "dos nuevos elementos de más que dudosa justificación".

Del total de 4.686 millones de euros adicionales que Hacienda estima que recibirá Cataluña con el nuevo modelo, en torno a una tercera parte proceden del Fondo Climático y del Mecanismo del IVA de las pymes, dos instrumentos creados específicamente en esta reforma. En concreto, estos dos fondos canalizan hacia Cataluña 1.675 millones de euros, el 55% del total asignado para todas las comunidades autónomas. Para De la Fuente, se trata de mecanismos que introducen "parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios". Y , en la práctica, permiten garantizar el principio de ordinalidad que reclamaba ERC (Esquerra Republicana de Catalunya).

En el caso del Fondo Climático, dotado con 1.004 millones de euros, el Ministerio ha reservado dos tercios de los recursos a las comunidades del litoral mediterráneo, por estar "presuntamente más expuestas" al cambio climático. De ese reparto, Cataluña recibiría 216 millones de euros. A ello se suma el nuevo mecanismo vinculado al IVA de las pymes, del que la comunidad catalana percibiría 1.441 millones de euros de un total de 1.964 millones, una asignación que Fedea considera especialmente difícil de justificar.

En este punto, aunque Fedea reconoce que las pequeñas y medianas empresas tienen un peso superior en la economía catalana y que la comunidad mantiene un saldo exportador neto, cuestiona que ese diferencial justifique transferencias de tal magnitud: "No está nada claro que esto genere algún tipo de beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias". Además, advierte de que el incentivo implícito del sistema puede acabar siendo perverso, al favorecer que los gobiernos autonómicos promuevan que las pymes permanezcan en ese tamaño en lugar de facilitar su crecimiento.

Montero defiende la "legitimidad" del modelo

Este tratamiento preferente a Cataluña ha sido defendido por el presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, que en la tarde del miércoles reivindicaba la reforma pactada bilateralmente entre el Gobierno y ERC como el "mejor sistema de financiación tanto para el conjunto de comunidades autónomas como para Cataluña". En este sentido, Illa se mostró "satisfecho" de que Cataluña "haya contribuido a abrir una oportunidad" para reformar un sistema que "lleva doce años caducado".

Sin embargo, esta visión quedó aislada en el plano autonómico. Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles, en el que la titular de Hacienda presentó formalmente su propuesta de financiación a las comunidades autónomas, el rechazo fue casi unánime entre los consejeros de Hacienda de las autonomías, incluidas las gobernadas por el PSOE. El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín González, lo resumió de forma explícita al señalar que "de quince comunidades autónomas, solo una ha mostrado su aceptación (Cataluña), mientras que las otras catorce la han rechazado".

Frente a este rechazo generalizado y la falta de consenso, Montero defendió que "lo que no permite tener legitimidad es criticar un modelo sin tener otro alternativo", insistiendo en que "el Gobierno de España es legítimo" y actúa dentro de sus competencias al presentar una propuesta de ley orgánica. Además, sacó una baza adicional para rebajar la contestación territorial al comunicar que la adhesión al nuevo modelo sería "voluntaria" y por tanto, las autonomías que no compartan el diseño podrían mantenerse en el modelo vigente. Y en cuanto a las comparaciones entre territorios, Montero evitó entrar en detalle y recalcó que "los rankings" sobre cómo se distribuyen los fondos entre Comunidades, "no es el Gobierno de España el que lo hace, son los centros de estudio".

El ránking de Fedea: ¿quién gana?

En este sentido, Fedea ha puesto cifras al reparto que la ministra de Hacienda evitó detallar. El documento muestra que Cataluña lidera el incremento de la financiación con 507 euros más por habitante ajustado. Tras ella, la Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468 euros) y Baleares (450 euros). Y, en el otro extremo, aunque reciban más dinero en términos absolutos, las comunidades de Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León "se quedan como están gracias a la compensación de statu quo, pero habrían perdido recursos en su ausencia con el cambio de sistema".

Además, el centro de estudios alerta de que el refuerzo financiero de las comunidades no es neutro para el conjunto de las cuentas públicas. En su análisis, Fedea recuerda que la mayor cesión de recursos tiene un "coste de oportunidad importante", ya que "para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos". Una circunstancia que "agravará los problemas financieros de la Administración Central, que ya mantiene un déficit estructural considerable" y "dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son elevadas debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social", remata el director de Fedea.