El campo español ha decidido sacar los tractores a las calles. Desde este lunes y hasta el viernes, se sucederán las movilizaciones por todo el territorio de España, convocadas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Así, el punto álgido llegará el jueves 29, cuando se concentrarán la mayor parte de las protestas anunciadas en más de 25 provincias.

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De acuerdo con el secretario general de UPA, Cristobal Cano, las movilizaciones se producen "como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC), los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo". Un malestar que se produce en plena reordenación de prioridades en Bruselas: más gasto en defensa y más acuerdos comerciales para compensar el giro proteccionista de Estados Unidos, un giro geopolítico del que el campo europeo teme pagar el coste.

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Menos PAC, más inversión en defensa

En primer lugar, los agricultores y ganaderos españoles rechazan el recorte del 22% en el presupuesto de la PAC, previsto en el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa su propuesta inicial para las cuentas comunitarias del próximo ciclo, marcada por un giro del gasto hacia nuevas prioridades estratégicas, como son la defensa, la seguridad y la competitividad industrial. Y como los recursos son limitados, el incremento de algunas partidas se traduce en la reducción de recursos en otras. En este sentido, la política agraria será una de las damnificadas si finalmente el Parlamento Europeo aprueba el marco presupuestario.

En el caso de España, la Comisión propone asignarle 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034, y según los cálculos de las organizaciones agrarias, el ajuste europeo supondría 877,5 millones menos, con un impacto sobre el conjunto de instrumentos de la PAC: desde los pagos directos a los agricultores y ganaderos hasta las ayudas específicas, los incentivos a la incorporación de jóvenes al sector o las líneas de apoyo a la modernización. Un recorte que el sector contrasta con el incremento de otras partidas, como es el caso de la defensa. Así, con las movilizaciones, el campo español quiere trasladar a la calle una pregunta incómoda: ¿La Unión Europea quiere reforzar su agenda de seguridad a costa de deteriorar uno de los pilares sobre los que se construyó el proyecto europeo desde el Tratado de Roma de 1957?

Europa busca nuevos socios comerciales

La segunda gran batalla del campo español tiene menos que ver con el acuerdo de Mercosur en sí mismo y más con lo que simboliza: una Unión Europea acelerando su agenda comercial en busca de nuevos socios estratégicos. Tras años de negociaciones enquistadas —el diálogo con Mercosur se abrió en 1999—, Bruselas ha recuperado el brío negociador en un momento en el que Estados Unidos ha dejado de ser un socio previsible y el proteccionismo de la Administración Trump vuelve a condicionar el tablero global.

De hecho, en paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha señalado su intención de avanzar en acuerdos con otras potencias, como India. Y en referencia a esta negociación, la conservadora alemana aseguró este martes que la Unión Europea se encontraba "a las puertas de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos", antes de subrayar que permitirá crear un mercado de 2.000 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial.

En este contexto, la Unión Europea trata de blindar su competitividad abriendo mercados nuevos y diversificando socios, pero el campo español teme que este aperturismo se traduzca en una competencia desigual. Las organizaciones agrarias no rechazan la apertura comercial, pero advierten de que los productores comunitarios compiten con exigencias crecientes de trazabilidad, fitosanitarias, bienestar animal y sostenibilidad, y reclaman que los productos que entren de terceros países lo hagan bajo los mismos estándares.

Así, aunque el acuerdo UE-Mercosur recoge en su sexto capítulo el marco de medidas sanitarias y filosanitarias entre ambos bloques y refuerza sobre el papel la idea de que cualquier producto que acceda al mercado comunitario debe cumplir los mismos estándares de seguridad que se aplican internamente; el sector agrícola desconfía de que esa igualdad normativa se aplique en la práctica. En esta brecha entre el papel y la realidad, los agricultores y ganaderos apuntan al margen de inspección de las autoridades europeas, ya que, según un informe comunitario: "en 2024, las aduanas controlaron el cumplimiento normativo de solo el 0,0082% de todos los productos importados".

Mercosur, en manos del TJUE

El malestar, además, se ha intensificado después de que el Parlamento Europeo acordara este miércoles, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que en la práctica paraliza el proceso de ratificación hasta que Luxemburgo se pronuncie. Un movimiento que, sin embargo, no cierra la puerta a una posible entrada en vigor provisional de la parte comercial, ya que esta opción depende de la Comisión Europea.

Y precisamente desde Bruselas, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, criticó la decisión, ya que a su juicio supone "reabrir cuestiones ya resueltas" en un momento en el que "los exportadores necesitan certidumbre, previsibilidad y acceso a nuevos mercados". En la misma línea, desde el Gobierno de España, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió este jueves que "no hay tiempo que perder" y apostó por la implementación "inmediata" del acuerdo, pese a su judicialización, recordando que "no es la primera vez que esto sucede" y señalando que, como ocurre con Canadá, un tratado puede aplicarse "desde hace años" sin haber culminado su ratificación formal.

A esta división institucional se ha sumado también la oposición del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que el acuerdo no entre en vigor si no existe "plena certeza" de que se aprobarán "las garantías que necesita el campo español". En concreto, reclamó que la aplicación provisional solo se produzca una vez se active "un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas", se refuercen "los controles en frontera" y se reduzcan "las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el Gobierno central".

Por su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, trasladó su apoyo al tratado UE-Mercosur y defendió que Europa debe acelerar su agenda comercial para no perder peso frente a otros actores. "Los datos que tenemos a nivel europeo son que el no firmar (el acuerdo) de Mercosur ha significado 180.000 millones de euros que hemos dejado de ingresar en Europa como consecuencia de las no exportaciones y, por otro lado, el cálculo que tenemos del 2021 al 2025, casi 300.000 millones de euros de pérdida de PIB en Europa". No obstante, también insistió en que debe aplicarse "en las mismas condiciones" para ambos mercados, evitando que entren productos sin las "exigencias" impuestas dentro de la UE.

Y desde el sector agrario, las organizaciones convocantes de las movilizaciones que se producirán esta semana reclamaron que las instituciones comunitarias "respeten" la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y que "no se active" provisionalmente la parte comercial mientras el TJUE analiza su encaje legal, ante el riesgo de que ello "desvirtúe una resolución democrática" adoptada por una Cámara claramente dividida, y que "evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el acuerdo".