Los dos sectores donde el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pesa más han sido también los que más empleo han perdido en el último año. En el tercer trimestre de 2025, la hostelería y los empleados del hogar registraron 83.700 ocupados menos que en el mismo periodo de 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA), con una caída de 52.900 trabajadores en el hogar y de 30.800 en la hostelería.

Además, el retroceso se produce en un momento en el que el Gobierno vuelve a preparar una nueva subida del salario mínimo. Desde 2019, los incrementos anuales del SMI han supuesto una revalorización acumulada del 60,9%, pasando de los 736 euros brutos mensuales a los 1.184 euros en 14 pagas vigente en 2025. Y para 2026, el Ministerio de Trabajo plantea elevarlo un 3,1%, hasta los 1.221 euros, es decir, 37 euros más mensuales. Un alza que supera la inflación media de 2025 —del 2,7%— y que ha sido cuestionada por la patronal, que propuso limitarla al 1,5%, en línea con la subida salarial que el propio Ejecutivo acordó para los empleados públicos.

Y es que la preocupación por el incremento del coste laboral no es solo una advertencia recurrente de las organizaciones empresariales, sino que empieza a consolidarse también como una percepción generalizada entre los principales centros de estudios.

El Consejo General de Economistas presentó este lunes su Barómetro Económico del segundo semestre de 2025, donde el 72% de los encuestados (economistas colegiados) identificaba los costes salariales como la segunda principal barrera para la competitividad empresarial a nivel nacional, tan solo por detrás de la presión fiscal (75,3%). De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluyó en un análisis publicado en septiembre que las subidas del salario mínimo han tenido un efecto contractivo sobre el empleo, al estimar que el incremento de 2019 —de 736 a 900 euros— evitó la creación de entre 40.000 y 65.000 puestos de trabajo, mientras que el de 2023 —de 1.000 a 1.080 euros— habría frenado la generación de entre 55.000 y 85.000 empleos. Según el organismo, el impacto fue mayor en 2023 porque el número de trabajadores situados en ese umbral salarial era más elevado, lo que amplificaba el ajuste que deben realizar las empresas para absorber la subida.

Dos sectores sensibles: empleo a la baja y coste al alza

En el caso de la hostelería, el retroceso resulta especialmente significativo por producirse en el trimestre que tradicionalmente marca el máximo anual de ocupación. El tercer trimestre coincide con la temporada alta turística —julio, agosto y septiembre— y desde antes de la pandemia era habitual que el sector registrase en este periodo el pico de empleo del año. En este sentido, la caída interanual de 30.800 trabajadores rompe la dinámica estacional y apunta, además, a un enfriamiento del mercado laboral.

Por su lado, el empleo en el hogar encadena un deterioro más prolongado. El número de ocupados registró en el tercer trimestre de 2025 su peor dato desde el cuarto trimestre de 2021, cuando se contabilizaron 530.300 trabajadores. Pero el declive es todavía más amplio si se observa la serie histórica completa: desde que arranca el registro de la EPA, el empleo en esta actividad ha caído desde los 744.200 ocupados del primer trimestre de 2008 hasta los niveles actuales, reflejando un ajuste persistente en una rama que depende de la demanda doméstica de las familias, con baja capacidad para absorber alzas de costes.

En este sentido, el impacto de una subida del SMI no se limita exclusivamente al salario neto, ya que aumenta también la carga de cotizaciones sociales. Según los cálculos de la patronal de autónomos ATA, de aprobarse la subida planteada por Trabajo del 3,1%, el coste total de un empleado que percibe el salario mínimo no será de 1.221 euros mensuales, sino que al incluir las cotizaciones, se elevará hasta cerca de los 1.900 euros (1.894) mensuales. Así, en términos reales, el incremento para el empleador no sería de 37 euros al mes, sino de casi el doble (67 euros).

Con este escenario de fondo, el Ministerio de Trabajo busca fórmulas para recomponer el consenso con la patronal. Este lunes, en una nueva reunión con los agentes sociales, el departamento de Yolanda Díaz planteó la posibilidad de introducir una deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas más expuestas al alza del SMI, con el objetivo de acercar posiciones con CEOE y Cepyme y evitar que la subida vuelva a pactarse únicamente con los sindicatos, ya que en los últimos cinco años, las revalorizaciones del salario mínimo solo han sido refrendadas por CCOO y UGT, sin la firma de los empresarios.