El rechazo es general entre los técnicos y profesionales de la Seguridad Social. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco de Imanol Pradales por el que Euskadi se convierte en la primera comunidad autónoma en gestionar las prestaciones y subsidio por desempleo no ha gustado a letrados, interventores, técnicos e inspectores. Las distintas asociaciones que agrupan a estos profesionales en la Seguridad Social han suscrito un manifiesto en el que aseguran que el traspaso afecta a la caja única de la Seguridad Social al comprometer a su carácter "único y unitario".

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Consideran que ceder el SEPE y sus 30 oficinas y casi medio millar de profesionales para que sea la administración vasca la que gestione estas prestaciones atenta contra las garantías previstas en la Constitución y de igualdad de derechos de todos los españoles. Así, las asociaciones señalan que la Carta Magna recoge "un régimen público de la Seguridad Social que es "único y unitaria para todos los ciudadanos" y que ahora se altera. Acusan al Gobierno de "sacrificar" lo que consideran que es la piedra angular de "nuestro estado social y democrático de derecho" por culpa de su "agónica y estéril supervivencia".

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Titularidad estatal

Alertan de que dejar en manos de las Comunidades Autónomas la gestión de estas prestaciones, "que nadie lo dude", supone cambiar el actual sistema por un modelo fragmentado y dependiente de cada una de las comunidades autónomas": "Las prestaciones de Seguridad Social no pueden depender del lugar de residencia".

En este sentido, apuntan que en aras a blindar esa igualdad de todos los ciudadanos, en la Constitución se atribute al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación y el régimen económico de la Seguridad Social: "Y lo hace bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal".

Estas asociaciones apuntan que la competencia exclusiva que se asigna al Estado también abarcaría al "reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja".

Afección a la caja única y fragmentación de la Seguridad Social

Las asociaciones firmantes -ATASS, ALSS, ASIASS y el Sindicato de Inspectores- recuerdan que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las prestaciones por desempleo son de la Seguridad Social, por lo que los actos "referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes" integran la caja única del sistema y la competencia para su gestión debe atribuirse exclusivamente al Estado.

Advierten de que estas transferencias relativas a la Seguridad Social tan sólo son "un primer bloque" de los acuerdos comprometidos con el Gobierno vasco y el PNV y que después vendrá la cesión de "las pensiones de viudedad, jubilación o incapacidad permanente".

Afirman que sostener que la mera conservación por el Estado de la competencia normativa sobre las prestaciones de Seguridad Social, "ya es suficiente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y la integridad de la caja única" supone "un total desconocimiento de lo que, en realidad, y más allá de formalismos y consignas, supone verdaderamente esa gestión".