Indra acumula dos jornadas negras en bolsa que le han llevado a perder todo lo ganado durante este arranque de 2026. El gigante tecnológico que el Gobierno quiere convertir en un 'campeón nacional' de la industria de la defensa ha visto desplomarse el valor de sus títulos.

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La caída se produce mientras reina la incertidumbre sobre su fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de su presidente, Ángel Escribano. Y también en medio de la batalla judicial abierta el Tribunal Supremo por su rival General Dynamics European Land Systems (GDELS), a través de su filial Santa Bárbara, por los préstamos de más de 3.000 millones concedidos por el Gobierno al 0% para dos programas militares para financiar los programas de obuses.

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El fulgurante recorrido de las acciones de la compañía, que fue el valor más alcista del Ibex-35 el año pasado- cayó en picado en las sesiones del martes (-8,45%) y miércoles (-5,68%). El precio de la acción descendió hasta los 46,80 euros y la capitalización se quedó en 8.267 millones de euros. El lunes cerró con un valor de 9.575 millones, por lo que la pérdida en dos sesiones es de más de 1.300 millones de euros.

No se veían caídas así desde junio de 2022, cuando llegó a dejar en el parqué un 14,8%. A mediados de enero llegó a valer más de 10.400 millones de euros, cuando el precio de sus títulos logró el máximo de 61,50 euros.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), a través de la que el Estado controla el 28% de la compañía, habría telefoneado al consejero delegado José Vicente de los Mozos durante la celebración del consejo de administración de la semana pasada en la que se autorizó a este a negociar formalmente con EM&E la estructura de una operación de integración.

Belén Gualda le habría trasladado, según El Confidencial, que el Gobierno no apoyaría la fusión por absorción. Por contra, se baraja la opción de que sea una adquisición de un paquete mayoritario sin llevar a cabo la fusión. En contra de la misma también estarían algunos accionistas como SAPA (8%), mientras que sí cuenta con el respaldo de Amber Capital (8%), el fondo gestionado por Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, la editora de El País.

De los Mozos aseguró este martes en un foro de El Español que la idea de una "posible fusión" con EM&E ya "existía" antes de la llegada a la compañía de Ángel Escribano. No en vano, el conflicto de interés está encima de la mesa desde que se anunciaron los planes de fusión, pues es dueño de EM&E al 50 % junto a su hermano Javier, que tiene la otra mitad y cuenta también con asiento en el consejo de administración de Indra. EM&E es el segundo mayor accionista de la tecnológica (14,3 %).

Respecto al conflicto judicial con Santa Bárbara, está en cuestión cómo concedió el Gobierno los préstamos millonarios a través del Ministerio de Industria. Según reveló El País este miércoles, el Real Decreto 915/2025 del 17 de octubre que lo regula no cuenta con el preceptivo informe del Consejo de Estado. Aunque no es vinculante, debería haberse solicitado y Santa Bárbara incluye este aspecto en su demanda.

Aunque el principal argumento del grupo que preside Antonio Bueno es que se concedió la financiación a empresas (Indra y Escribano) que no tienen la capacidad para ejecutar los programas, mientras la compañía filial de la americana GDELS sí dispone ya de ella. La compañía pidió medidas cautelares que podrían paralizar el programa. Y amenazan con extenderse a otros reales decretos que el Gobierno dictó dentro del plan de 14.000 millones para elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Además de Indra y Escribano, Telefónica también se ha personado en la demanda como posible afectado.