El Gobierno ultima a qué funcionarios afectarán las 35 horas y pospone la nueva oferta de empleo público

El Gobierno se comprometió en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024 a reducir la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 35 horas semanales. Sin embargo, la activación efectiva no se ha producido hasta casi tres años de retraso. En diciembre de 2025, el Ministerio de Función Pública trasladó a los sindicatos la intención de implantar la medida entre febrero y marzo; posteriormente, en enero, se planteó la posibilidad de vincularla a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, extremo que fue descartado por el propio ministro, Óscar López, quien defendió que se aplicaría "tan pronto como sea posible". Finalmente, el horizonte se ha desplazado hasta este mismo abril.

Los sindicatos —CCOO, UGT y CSIF— han mantenido reuniones esta semana con Función Pública con el objetivo de concretar los últimos aspectos técnicos del acuerdo antes de su paso por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), convocada para este viernes. En ese encuentro se prevé que las organizaciones sindicales decidan si respaldan el texto definitivo. Por el momento, UGT ya ha avanzado que lo ratificará, mientras que CCOO y CSIF mantienen su posición a la espera de conocer el contenido final.

El acuerdo inicial planteado por el Ministerio contemplaba excepciones para determinados colectivos. No obstante, según las fuentes sindicales consultadas por El Independiente indican que la Administración se ha comprometido a presentar un nuevo texto en el que la reducción de jornada se extienda al conjunto del personal de la AGE. Estas mismas fuentes precisan que, aunque el alcance será general, algunos ámbitos —como Instituciones Penitenciarias, el personal del Ingesa o el ámbito educativo— deberán adaptar la medida en sus respectivos marcos de negociación.

Pese a estas excepciones, el acuerdo incluirá previsiblemente al "personal de la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público" como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o la DGT (Dirección General de Tráfico), si bien su aplicación efectiva requerirá desarrollos específicos en el departamento correspondiente. Asimismo, quedarán fuera de este marco las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "al no formar parte del ámbito de negociación sindical de la AGE".

¿Cuándo entrará en vigor?

Según fuentes sindicales, la implantación de las 35 horas no será inmediata tras la firma del acuerdo. El procedimiento previsto pasa por la aprobación en la Mesa General que se produciría este viernes y, posteriormente, la publicación de una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. Según ha precisado UGT en un comunicado, el Gobierno se ha comprometido en alcanzar "una resolución en un plazo máximo de 15 días". Y será en esa resolución donde se fije la fecha concreta de entrada en vigor, al menos para las jornadas ordinarias, lo que sitúa su aplicación efectiva previsiblemente a medidados-finales de abril.

OEP de 2026

En paralelo también se ha abordado la Oferta de Emplep Pública (OEP) para 2026, que ha quedado bloqueada y aunque se predente revisar todavía "no hay fecha para retomar la negociación.".

Aunque todavía no se han puesto cifras concretas, las fuentes de la mesa de negociación apuntaban a que que se mantendría en niveles similares a la de 2025, cuando se aprobaron 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (de ellas, 27.697 fueron de nuevo ingreso). Una decisión que las tres organizaciones han rechazado al considerar que no responde a las necesidades derivadas de la reducción de la jornada laboral.

Estas mismas fuentes señalan que la Administración no ha presentado un desglose detallado de las necesidades de personal por departamentos, lo que dificulta evaluar si la oferta garantizaría la calidad del servicio público. La reducción de la jornada, sostienen, implica una reorganización de los efectivos que podría requerir un incremento adicional de plantilla para mantener los niveles de atención, por lo que necesitarían más nivel de detalle para dar el visto bueno.

Además, este desacuerdo se produce en un contexto de restricciones presupuestarias, que ya han condicionado negociaciones anteriores en materia de empleo público y retribuciones. La combinación de una menor jornada laboral y una oferta de empleo sin variaciones significativas ha generado fricciones entre ambas partes, lo que ha llevado a posponer la aprobación de la OEP sin que, por el momento, exista un nuevo calendario definido.