El decreto anticrisis del Gobierno incorpora medidas que la OCDE pide evitar

El Gobierno de España ha aprobado este jueves el decreto anticrisis presentado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario. Entre las medidas que componen este plan figuran rebajas fiscales generalizadas (con la bajada del IVA de carburantes del 21% al 10%, la rebaja de impuestos sobre electricidad y gas o la reducción del impuesto sobre hidrocarburos) o la congelación del precio del butano y el propano. Incluso, se ha añadadido una disposición adicional que amplía el margen de gasto de la Seguridad Social sin necesidad de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Precisamente, medidas que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha desaconsejado en el último informe que ha publicado este jueves.

En concreto, la Organización recomienda a los países que vayan a aplicar políticas anticrisis que "cualquier nueva medida discrecional debería dirigirse específicamente a los hogares más necesitados y a las empresas viables", en lugar de aplicar "subvenciones y transferencias de base amplia". Es decir, ayudas específicas en lugar de rebajas impositivas generales.

Asimismo, el organismo que preside Mathias Cormann también señala que "las reducciones fiscales y los límites máximos de precios son fáciles de aplicar de manera oportuna, pero tendrán costes fiscales más elevados y debilitarán los incentivos para reducir el consumo de energía. Además, es más probable que requieran reducciones compensatorias en otras áreas de gasto si el margen presupuestario es especialmente ajustado".

En este sentido, es importante mencionar que el Gobierno ha incluido en el decreto una disposición adicional por la que modifica la Ley General Presupuestaria para permitir ampliar las transferencias a la Seguridad Social —como las destinadas a pensiones no contributivas o al Ingreso Mínimo Vital—sin necesidad de recurrir al Fondo de Contingencia ni aprobar nuevos Presupuestos. El Ejecutivo justifica el cambio como un ajuste técnico para garantizar el pago de estas prestaciones, en un contexto en el que las cuentas prorrogadas de 2023 se han quedado cortas y han obligado en los últimos años a recurrir a reordenaciones de gasto y ampliaciones extraordinarias.

Sin embargo, esta mayor flexibilidad presupuestaria amplía el margen para incrementar el gasto en un momento en el que los organismos internacionales advierten de la necesidad de preservar espacio fiscal. Así, esta ampliación del crédito de la Seguridad Social en paralelo a la reducción de ingresos vía las rebajas fiscales aprobadas se suman a los desafíos presupuestarios a los que ya se enfrentan las economías avanzadas, en un contexto de "persistencia de los déficits presupuestarios, elevado nivel de deuda y aumento de los costes de los intereses de la deuda".

Así las cosas, desde la OCDE insisten en la necesidad de articular "medidas fiscales creíbles y bien diseñadas para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y preservar la capacidad de reaccionar ante futuras crisis", a fin de "limitar la necesidad de nuevas subidas de impuestos" que compensen este descenso del margen fiscal de los Gobiernos.

El FMI y la AIReF alertan de que España tiene que ahorrar

Las advertencias de la OCDE se alinean con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe del Artículo IV sobre España, publicado el pasado viernes, apuntaba a un deterioro de las cuentas públicas en un contexto de fuerte crecimiento económico.

El organismo advertía de que, en 2025, "el aumento de los ingresos compensó con creces el considerable incremento del gasto público, que se situó por encima del objetivo fijado" por el propio Gobierno en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). No obstante, instaba a que este refuerzo de los últimos años en los "ingresos debería destinarse al ahorro en lugar de al gasto". Además, según las proyecciones del Fondo, se necesitará "implementar medidas equivalente a casi el 1,5% del PIB para cumplir con la senda de déficit" comprometida con las autoridades europeas, ya que, si se mantienen las políticas actuales, el déficit se estabilizaría en torno al 2% del PIB en 2031, frente al 0,8% previsto por el Ejecutivo en su plan fiscal.

Un mensaje que refuerza la advertencia lanzada este martes por la expresidenta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), Cristina Herrero, que durante su comparecencia en el Congreso para hacer balance de su mandato, alertó de que "La aprobación del paquete de medidas anticrisis supone exceder los márgenes europeos", advirtiendo de que, con las medidas actuales, "España incumpliría los compromisos de gasto y y excedería los márgenes permitidos ya en 2026", por lo que se vería abocada a introducir ajustes o afrontar un procedimiento de déficit excesivo.