Tres días de diferencia hubo entre el anuncio del Ministerio de Defensa y la resolución del Tribunal Supremo, ambos negativos ante los recursos de Santa Bárbara Sistemas. Todo comprendido entre los programas de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E por más de 7.200 millones de euros, Santa Bárbara se queda sin argumentos en su pugna contra Indra y Escribano.

Tras la adjudicación por parte del Gobierno a Indra y EM&E para fabricar dichos sistemas de artillería, Santa Bárbara, con el objetivo de paralizar los programas, interpuso dos recursos, uno ante el Ministerio de Defensa y otro ante el Tribunal Supremo. En contexto, las dos vías de la filial de General Dynamics definían a Santa Bárbara como la empresa idónea para producir los obuses autopropulsados, pues es una compañía especializada en los vehículos terrestres militares. Sin embargo, en una nueva resolución, el Supremo ha salido en aval de Indra y EM&E garantizando la legalidad de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria.

La adjudicación de los programas a la UTE y la prefinanciación de 3.000 millones de euros le dejaban, según Santa Bárbara, en una posición complicada al perder uno de los proyectos más importantes de los Programas Especiales de Modernización de Defensa del 2025. Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS), afirmó que la UTE adjudicada de los contratos milmillonarios "no tiene la capacidad" para desarrollar los programas. "No tiene ahora mismo las fábricas ni tiene las personas. Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales".

El argumento sólido, que Indra no disponía (ni dispone), según Santa Bárbara, era el de ofrecer una tecnología española, propia y ya creada. Se trataba del argumento sólido del Némesis, su vehículo diseñado y probado para alcanzar estos dos programas. En la otra cara de la moneda, Indra, sin tan dilatada experiencia en los vehículos terrestres, creó el año pasado su división para estos aparatos: Indra Land Vehicles. Sin embargo, sin capacidad propia para producir los obuses autopropulsados, la tecnológica española, aún presidida entonces por un presionado y combatiente Ángel Escribano días antes de su dimisión, oficializó la unión con la coreana Hanwha para compartir conocimiento y poder fabricar los obuses K9 de Seúl.

Con esto, y tras conocer este lunes la negativa aplicar medidas cautelares por parte del Supremo, Santa Bárbara insiste que "la carencia de capacidades por parte de los beneficiarios de estos préstamos, podría generar importantes problemas para el desarrollo real de la industria en España, y ha motivado que los beneficiarios tengan que recurrir a proveedores extranjeros, incluso de países no europeos y fuera del entorno OTAN como Corea, con la consecuente pérdida de soberanía tecnológica e impacto negativo en el empleo".

De lo contrario, el Supremo aseguró en el auto que el interés público de los programas militares queda por encima de los intereses privados de Santa Bárbara, pues la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros de financiación pública produciría "una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles. La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico".

Además, y ante la argumentación de que Santa Bárbara queda en una posición perjudicada en sus plantas de trabajo tras perder los megacontratos, el Supremo llama a la tranquilidad, pues "Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España". Concretamente, señala que con los mismos procedimientos con los que Indra y EM&E reciben los préstamos de 3.000 millones de euros, Santa Bárbara también fue adjudicada con préstamos para la modernización de los Pizarro. Esto mismo ya lo defendió la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que puso en duda el objeto del recurso presentado por la filial de General Dynamics. Valcarce, como ha ido contando este medio, señaló que la propia Santa Bárbara también se vio beneficiada por los préstamos que la misma decidió recurrir. "Es el mismo real decreto con el mismo procedimiento y con las mismas condiciones del Ministerio de Industria prefinancia el programa Pizarro del que es responsable Santa Bárbara Sistemas", aseguró. Gracias a este programa, Valcarce señaló que "la carga de trabajo en las fábricas de Santa Bárbara está garantizada".

Por otra parte, el Supremo ve en buena posición empresarial a Santa Bárbara, pues es filial de norteamericana General Dynamics, una de las compañías de armas más grandes del mundo. "A tal efecto, debe destacarse que Santa Bárbara fue adquirida por General Dynamics, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación y diseño en el sector de la defensa por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados".

Además, Telefónica, pudiendo ser salpicada por las cautelares por el programa de más de 900 millones formado en UTE con Indra, se personó contra las medidas presentadas por Santa Bárbara, pues una resolución a favor de la filial de General Dynamics podía salpicar a otros programas y, por tanto, poner en riesgo el PEM de Telefónica-Indra. Según fuentes conocedoras de la situación, esta es una decisión plenamente jurídica, pues, como contó este medio, el riesgo de que los préstamos se bloquearan puso en peligro los programas de Defensa, algo que se hizo sentir con temor en los pasillos de la institución de Margarita Robles.