España lidera el robo de energía a la red para producir marihuana en plantaciones ilegales

Es una práctica que cada vez se repite con mayor asiduidad y contra la que las compañías energéticas luchan sin lograr frenarla. El empleo de pisos, viviendas o naves para la producción de marihuana se extiende en nuestro país. Un sistema empleado por organizaciones, en muchos casos vinculadas a la producción de cannabis, que recurren a los enganches fraudulentos a la red eléctrica para mantener activas estas plantaciones las 24 horas.

Sólo el año pasado, Endesa detectó y desmanteló, en colaboración con la Policía, 1.850 instalaciones ‘indoor’ de producción de marihuana. En los últimos cinco años, esta compañía ha llevado a cabo el desmantelamiento de 10.600 plantaciones de este tipo. Estas prácticas delictivas representan el 26% del total de ‘enganches’ fraudulentos a la red eléctrica; es decir, una quinta parte del 'robo' de electricidad que se practica en España.

Las plantaciones ‘indoor’ consumen gran cantidad de energía al estar funcionando ininterrumpidamente. El cannabis requiere condiciones de luz, temperatura y humedad determinadas y que se generan empleando potentes sistemas de luz, ventilación y aireacondicionado. Se estima que el consumo de una sola instalación de este tipo equivale al de 80 viviendas.

Un marco legal demasiado 'laxo'

Desde Endesa denuncian que el incremento de estas plantaciones se ha debido, en gran medida, a la existencia de un marco penal “más laxo” en nuestro país respecto al vigente en otros entornos. Hasta ahora, las sanciones apenas han tenido efectos disuasorios al ser principalmente multas, mientras que en países como Alemania, Francia e Italia estos delitos conllevan penas de prisión.

Sin embargo, la entrada en vigor de la ley de multirreincidencia podría suponer un cambio de tendencia, ya que contempla un endurecimiento del castigo en caso de reiteración en la defraudación de fluido eléctrico. La reforma legal incluye un nuevo subtipo agravado con penas de prisión de entre seis y 18 meses, o multas elevadas de entre doce y 24 meses.

La lucha contra estas instalaciones supone una amenaza para los técnicos que deben desmantelarlas. Los operarios, en muchos casos, deben acudir con el rostro tapado para evitar ser identificados por las organizaciones. Sólo el año pasado se contabilizaron hasta 58 agresiones a trabajadores que se disponían a desmontar conexiones fraudulentas.

España, ¿la meca de la producción de marihuana en Europa?

Estas conexiones ilegales se realizan a veces con tendidos de cable que superan el kilómetro de longitud e incluyen sistemas de peligro como la electrificación de puertas de acceso. También suelen manipular los fusibles de los centros de transformación. Andalucía y Cataluña son las zonas con mayor número de incautaciones. De hecho, el Informe Europeo de Drogas 2025 indica que España acapara el 73% de las incautaciones de plantas de marihuana de toda la Unión Europea.

Este tipo de fraudes sólo son una parte del total. En el último lustro, Endesa ha identificado conexiones ilegales equivalentes al consumo de un millón de hogares. El año pasado, su filial e-distribución detectó 72.700 fraudes, la cifra más alta desde 2021. Si se suman los últimos cinco años, los expedientes alcanzan los 320.000 casos, lo que supone una media de 200 casos de fraude cada día.

Endesa recuerda que, además de ser un delito, estas instalaciones conllevan un grave peligro de electrocución y un alto riesgo de impacto en el suministro eléctrico del resto de los consumidores de la zona afectada.