La campaña de la renta 2025 ha traído malas noticias para miles de padres y madres separados sin la consideración de ''unidad familiar''. A través de una modificación en la norma, se ha redefinido quiénes pueden formar una unidad familiar. Esta decisión impide a padres y madres divorciados optar por la declaración conjunta con sus hijos, una modalidad que hasta ahora permitía importantes ahorros fiscales.
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¿Qué se considera unidad familiar?

Con carácter general, la declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) se presenta de forma individual. Sin embargo, las personas integradas en una unidad familiar pueden hacer la declaración de forma conjunta. Esta agrupación se define bajo el concepto de unidad familiar, que varía según la situación civil:

  • Hijos menores de edad: Excepto aquellos que ya vivan de forma independiente con el permiso de sus padres.
  • Hijos mayores con discapacidad: Específicamente aquellos bajo patria potestad prorrogada o con curatela representativa establecida judicialmente.

Al no existir un vínculo matrimonial reconocido por Hacienda para la conjunta, la unidad familiar solo puede estar formada por uno de los dos progenitores (padre o madre) y todos los hijos que convivan con él/ella y cumplan los requisitos de edad o discapacidad mencionados arriba.

Aspectos clave a tener en cuenta:

  • La fecha mágica: Para Hacienda, lo que cuenta es la foto fija del 31 de diciembre. Tu situación civil y familiar en ese día exacto determinará cómo puedes presentar la declaración de todo el año.
  • La mayoría de edad: Se establece legalmente a los 18 años. A partir de ese momento, el hijo suele salir de la unidad familiar a efectos de tributación conjunta, salvo en los casos específicos de discapacidad judicialmente reconocida.

¿A quiénes afecta y qué impacto tiene?

Los afectados de la nueva modificación de la Renta son padres y madres divorciados que residan en Bizkaia, separados o que nunca estuvieron casados o registrados como pareja de hecho, que tengan hijos a su cargo. Los que sí pueden seguir haciendo declaración conjunta son quienes mantienen el 100% los gastos de sus hijos (sin recibir pensión de alimentos por otro progenitor). También viudos o viudas y víctimas de violencia de género.

El impacto no es solo conceptual, es directamente monetario. Fuentes expertas y asociaciones como Abipase (Asociación Vizcaína de Madres y Padres Separados) estiman que el perjuicio medio se sitúa en los 1.500 euros por persona. Por ejemplo, una madre con dos hijos a su cargo que recibe una pensión de su expareja de 600 euros anuales (improcedente de renunciar por ley), verá como este año su devolución de Hacienda se reduce en casi 1.600 euros al no poder aplicar la modalidad conjunta.

¿Qué consecuencias tiene la reforma?

Las consecuencias que puede tener esta reforma en la Renta son varias. Por un lado, supone la pérdida de hacer la declaración conjunta a las personas mencionadas anteriormente y la pérdida de las bonificaciones fiscales reservadas para unidades convivenciales. Se estima una pérdida económica de unos 1.500 euros por persona de media en comparación con años anteriores.

Además, incluso percibir una pensión mínima (por ejemplo, 50 euros al mes) invalida la posibilidad de hacer la declaración conjunta, ya que Hacienda considera que la carga económica ya no es exclusiva de un solo progenitor.

¿Por qué ha hecho esto la Diputación?

Según explica Hacienda Foral se trata de una ''reordenación del sistema'' con el objetivo de garantizar una igualdad, que todas las familias con dos progenitores tengan el mismo trato, estén casados o no. Por otro lado, ponen el foco en la monoparentalidad real debido a que el sistema anterior beneficiaba ciertas estructuras frente a otras.

Por su parte, los afectados denuncian falta de información y una injusticia que no tiene en cuenta la realidad de los procesos judiciales (donde no se puede renunciar a la pensión de alimentos) ni el coste real de la crianza.

Malestar y protestas

La falta de información previa ha encendido los ánimos. Muchos vizcaínos se están enterando del cambio al realizar el borrador de su declaración. Abipase ya prepara un escrito de queja formal ante la Defensoría del Pueblo del País Vasco (Arteko), denunciando que la reforma ignora que las pensiones de alimentos son irrenunciables por ley y que la carga económica de los hijos no desaparece por recibir una ayuda mínima.