El temor a que pueda volverse a repetir aún revolotea. El apagón del 28 de abril de 2025 hizo que desde entonces la prioridad a la hora de operar el sistema eléctrico en España no sea la contención de costes para los consumidores, sino la seguridad técnica de la red. Desde esa fecha, los cambios en el modelo de gestión y operación han estado encaminados a que no vuelva a producirse un ‘cero eléctrico’ como el que dejó a oscuras al país. Según el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, que elaboran distintas organizaciones del sector, el coste con el que ahora se opera la red es un 37% más caro que hace un año.
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Este sistema reforzado, que prioriza la seguridad técnica frente a los criterios económicos, ha supuesto ya un coste acumulado de 2.300 millones de euros en los primeros cinco meses de este año. El informe elaborado por estos organismos –Aelec, AEGE, ACIE, ACENEL, Alianza y Consumidores– cuantifica ya en uno de cada cuatro euros de la factura los que se destinan al pago de los servicios de operación. Un sobrecoste que crece mes a mes y que solo en la segunda quincena de mayo ha supuesto un pago de 200 millones de euros, un 14% más que durante las dos primeras semanas del mismo mes.

Impacto en la factura de empresas y hogares

Estas asociaciones piden a las autoridades energéticas un plan que ponga fecha de fin al uso del modo reforzado en la gestión de la red. Recuerdan que, además de un ahorro para los consumidores, esto evitaría dañar la competitividad de la industria, que actualmente asume un elevado coste energético por el refuerzo de la red.

Estas entidades subrayan que el coste de los llamados servicios de ajuste crece a gran velocidad y que ya se consolida como un gasto estructural. Se trata de costes asociados al modo en el que opera el sistema eléctrico por parte del operador, Red Eléctrica. Destacan que en los últimos meses se ha detectado un incremento significativo por este concepto que se traslada directamente a la factura eléctrica de hogares y empresas, alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía, apunta el Observatorio.

Según su último informe, de los 75,92 euros que se pagaron por MWh entre el 16 y 31 de mayo pasado, el 30% correspondía a financiar los servicios de operación del sistema y el 70% restante al pago de la energía a precio de mercado. Un mes antes, ese porcentaje era del 25% y, antes del apagón, rondaba el 10%.

Hasta un 38% de la factura eléctrica

De semana en semana, el peso que el pago del 'modo reforzado' o 'antiapagones' ha tenido en el precio del MWh ha ido aumentando. La segunda quincena de abril, cuando se cumplía un año del apagón, el coste por estos ajustes se cifró en 17,78 euros el MWh y, un mes más tarde, ya había aumentado hasta los 22,75 euros el MWh con los que se cerró mayo, lo que supone un incremento de casi un 28% más en apenas un mes.

El sector eléctrico subraya que actualmente casi uno de cada tres euros que se abonan en una factura por la electricidad consumida no corresponde al mercado mayorista de energía, sino a costes adicionales relativos al modo en el que se opera el sistema. El impacto en la factura eléctrica es especialmente relevante en el caso de la industria electrointensiva, cuyo elevado consumo energético se resiente de modo especial. La partida de la factura destinada a los costes por la operación del sistema representa en la gran industria entre el 34% y el 38% de su factura energética. En el caso de las Pymes el porcentaje cae a entre el 15% y el 20%, y es algo menor en el caso del consumo doméstico, situándose entre el 11% y el 15%.

Exigencias de transparencia a la CNMC y reforma fiscal

Lamentan que el uso del mecanismo reformado para operar el sistema ha derivado en un sobrecoste significativo en las facturas al encarecer el suministro eléctrico y reducir la competitividad de la economía. El sector urge a tomar medidas para corregir estas distorsiones que se están provocando en la economía, las cuales pasan por reducir costes y mejorar la transparencia.

Organismos como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Comercializadoras de Energía Eléctrica (ACENEL) o la entidad que agrupa a las empresas grandes consumidoras (AEGE) reclaman una mayor transparencia y desglose de los costes de operación del sistema. Consideran imprescindible que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada, cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores. Por ello, solicitan una publicación detallada, periódica y accesible de todos los costes de la operación del sistema, así como un plan de acción que ponga fecha al fin del uso del modo reforzado.

Las propuestas de mejora también plantean la necesidad de reformar el marco regulatorio y fiscal del sistema eléctrico para proteger la competitividad industrial sin comprometer la descarbonización ni la estabilidad del suministro. Para lograrlo, se plantea asegurar la financiación de los servicios de la red mediante costes regulados más estables, consolidar de forma permanente la suspensión de impuestos como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y el Impuesto Especial a la Electricidad, y alinear todas las decisiones operativas con la reducción de costes artificiales y la autonomía estratégica de la economía.