La última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al primer trimestre de 2026, situaba el número de trabajadores que se ausentaron de su puesto de trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal en 1.075.900 a la semana, lo que supone un incremento del 50,5% desde antes de la pandemia. Esta circunstancia ha despertado las alertas de las organizaciones empresariales, que exigen medidas urgentes para frenar el ritmo de crecimiento.

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De hecho, según los datos que el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Antonio Garamendi, ha presentado este martes durante una jornada sobre absentismo laboral organizada por la CEOE, el fenómeno afecta diariamente a cerca de 1,4 millones de trabajadores (cifra que incluye tanto las bajas por incapacidad temporal como otras formas de ausencia al trabajo) y tiene un impacto presupuestario sobre las empresas de alrededor de 17.000 millones de euros anuales.

Ante este "esfuerzo económico gigantesco" y la parálisis de la mesa de negociación de la Seguridad Social, sindicatos y empresarios para abordar el alza de las bajas laborales, Garamendi ha reclamado que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes. Es decir, enfermedades que no se han producido por la actividad laboral, como la gripe o un accidente doméstico.

Además, según ha explicado el líder de CEOE, mientras no se adopten otras reformas, el Ministerio que dirige Elma Saiz debería hacerse cargo de la cotización y la prestación que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja, teniendo en cuenta que cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de dos semanas. Asimismo, ha pedido exonerar a las empresas de la cotización por contingencias comunes en los procesos que superen los 365 días y bonificar al 100% las cotizaciones empresariales de los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores de baja, medidas que también propuso extender a los trabajadores autónomos.

No obstante, el presidente de la patronal es consciente de que para atajar este problema no solo dependerá de que la Seguridad Social ayude a las empresas, sino que también habrá que apostar por reforzar los recursos sanitarios con más profesionales e inspectores médicos, tanto en los servicios públicos de salud como en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Además, ha defendido ampliar las competencias de estas entidades y adelantar los controles médicos de los trabajadores en situación de incapacidad temporal, con revisiones a los tres, seis y nueve meses de baja.

Y por último, Garamendi ha planteado que la inspección médica supervise aquellos procesos cuya duración supere la frecuencia habitual, con independencia de la patología o del origen de la incapacidad. Y pese a las críticas al funcionamiento del sistema, el presidente de la CEOE ha tendido la mano al Gobierno y a los sindicatos para buscar soluciones consensuadas: "Cuando un problema es de todos, la solución tiene que salir de todos", ha concluido.