El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, en el mediodía de este viernes, el primer borrador del Acuerdo sobre un nuevo Modelo de Financiación Autonómico, un documento al que ha tenido acceso El Independiente.

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Este envío abre formalmente el proceso para la consulta técnica que se celebrará este mismo martes, 14 de julio. Posteriormente, el texto definitivo se someterá a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijado para el próximo 29 de julio. Aunque el Gobierno central cuenta con mayoría en este órgano y solo necesita el visto bueno de una de las regiones para sacarlo adelante, el escenario político es de máxima tensión: por el momento, catorce de quince comunidades autónomas —incluyendo a las gobernadas por los socialistas en Asturias y Castilla-La Mancha— ya han comunicado su voto en contra de la reforma, por lo que todas las miradas están puestas en lo que decida hacer Cataluña.

Ante este rechazo, Hacienda se ha abierto a incluir modificaciones en el comité técnico, a pesar de que la anterior ministra, María Jesús Montero, advirtió antes de abandonar el Ministerio que introducir cambios sería sumamente difícil debido a que todo el engranaje financiero del modelo está calculado de forma milimétrica.

Propuesta de la reforma

La propuesta del Ejecutivo plantea una reforma estructural profunda que fija el año 2023 como su año base y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. El nuevo modelo se calcula a partir de una "capacidad tributaria básica" que se nutre de la cesta de impuestos cedidos tradicionales y de la integración de nuevos tributos como el de Actividades de Juego o el de Depósitos en Entidades de Crédito.

Luego, para corregir los desequilibrios territoriales, el sistema aplica un Mecanismo de Nivelación Horizontal —donde las comunidades con mayor capacidad fiscal aportan el 75% de su exceso sobre la media para redistribuirlo por población ajustada— y un Mecanismo de Nivelación Vertical, mediante el cual el Estado inyecta fondos adicionales (equivalentes al 5% del IRPF más una transferencia del Estado) para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a la de mayor financiación por habitante.

Bajo estas reglas de reparto, las necesidades de gasto de cada territorio se miden a través de una fórmula de "población ajustada". Esta variable clave pondera criterios como la población general (30%), la sanidad medida en 20 tramos de edad (38%), la educación de 0 a 17 años (17%), la población universitaria (3,5%), los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación (8,5% en total), además de factores correctores como la superficie, la dispersión, la insularidad y los costes fijos.

Como salvaguarda, el borrador crea además un Fondo de Statu Quo, dotado con 404 millones de euros, para garantizar que ninguna comunidad autónoma reciba menos recursos de los que obtenía con el modelo de financiación vigente desde 2009. Además, incluye el Fondo IVA Pymes y un mecanismo específico para hacer frente al cambio climático.

¿Cómo se reparte la financiación adicional?

En términos de distribución de recursos, el nuevo sistema contempla una inyección neta global de 20.975 millones de euros adicionales aportados por la Administración Central. Las regiones que recibirán un mayor volumen de fondos adicionales son Andalucía, con un incremento de 4.846 millones de euros, y Cataluña, que obtendrá 4.686 millones más.

Les siguen la Comunidad Valenciana con 3.669 millones, la Comunidad de Madrid con 2.555 millones, Castilla-La Mancha con 1.248 millones y la Región de Murcia con 1.188 millones de euros. En el resto de territorios, los incrementos estimados se sitúan en 629 millones para Aragón, 611 millones para Canarias, 587 millones para Galicia, 412 millones para Baleares, 271 millones para Castilla y León, 248 millones para Asturias y 25 millones para La Rioja. Por su parte, Cantabria y Extremadura recibirán 46 y 216 millones de euros respectivamente a través de una reforma específica del Fondo de Compensación Interterritorial diseñada para compensar a las comunidades que queden por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.