La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afronta el nuevo curso con varios de los compromisos adquiridos con los sindicatos todavía pendientes de materializarse. Registro horario, absorción de complementos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), despido improcedente o la ley de prevención de riesgos laborales son algunas de las medidas sobre las que el Ministerio se ha comprometido a cambiar o reformar, pero que siguen sin llegar a puerto.
Mientras tanto, la negociación con los empresarios continúa encallada: han pasado 26 meses sin que Díaz logre alcanzar ningún acuerdo con la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y no hay señales de que el bloqueo vaya a resolverse a corto plazo. De hecho, este mismo miércoles, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que la CEOE no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el próximo 16 de septiembre, cuando el Congreso vote el real decreto-ley del registro público de lobbies. Una norma que obliga a las organizaciones empresariales a inscribirse, pero no a los sindicatos.
Y a la distancia con los empresarios se suma ahora la presión de los sindicatos. UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras) han empezado a elevar el tono y a reclamar al Gobierno que convierta en normas los compromisos que llevan meses sobre la mesa. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha recuperado este miércoles el ultimátum que los sindicatos lanzaron antes del verano por el registro horario y ha advertido de que "ese tiempo tiene límites". La situación, ha reconocido, no se ha tensado antes porque la organización ha estado concentrada durante agosto y septiembre en la crisis migratoria de Ceuta. Pero esta tregua empieza a terminarse.
El registro horario pone a prueba la paciencia sindical
El control horario es uno de los ejemplos más evidentes de esta situación. Tras el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas en septiembre de 2025, Yolanda Díaz se comprometió con los sindicatos a reforzar el registro horario.
Pero más de un año después, la reforma sigue pendiente y el propio trámite de aprobación ha obligado al Ministerio a volver sobre sus pasos. El Consejo de Estado cuestionó duramente el proyecto en marzo de este año y concluyó que "no procede aprobar el real decreto proyectado". Entre otras razones, por su impacto económico sobre las empresas, por no tener suficientemente en cuenta las particularidades de determinados sectores y por las dudas sobre el tratamiento de la privacidad de los datos personales. Además, también advirtió de que algunas de las obligaciones que Trabajo pretendía imponer excedían el rango normativo del real decreto y debían establecerse mediante una ley.
Seis meses después, el Ministerio está revisando el texto para incorporar las modificaciones reclamadas por el órgano consultivo y poder volver a llevarlo a aprobación. La promesa de Díaz vuelve a ser la misma: que llegará "con carácter inmediato". "Pepe tiene razón, tenemos que aprobar ya el registro", ha asegurado este miércoles la ministra, que sostiene que, tras cerrar el acuerdo con Economía y el PSOE, solo quedan por ultimar los cambios jurídicos necesarios a raíz del informe del Consejo de Estado.
El problema es que ese "ya" llega después de más de un año de espera. Y es precisamente esta demora la que ha terminado por agotar la paciencia de los sindicatos. Álvarez ha advertido este miércoles de que están dispuestos a poner límites al Gobierno si el registro no avanza: "Hoy quiero decirle al Gobierno que el ultimátum que lanzamos (de no firmar nada ni acordar nada si no se aprobaba el registro horario) está plenamente vigente. Le exijo que nos diga qué va a hacer de manera inmediata; el silencio no puede continuar", ha remarcado. Y no es el único asunto en el que la paciencia sindical empieza a agotarse.
SMI: primero cumplir lo firmado, después negociar
El otro gran foco de tensión está en la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2027. El Gobierno firmó la subida de 2026 con los sindicatos, con la exigencia sindical de impedir que las futuras subidas fuesen absorbidas por los complementos salariales como los de antigüedad o peligrosidad. El objetivo era evitar que las empresas pudiesen compensar el incremento del salario mínimo reduciendo otros conceptos y que, en la práctica, el trabajador terminase cobrando lo mismo. Sin embargo, el decreto que debía garantizarlo todavía no se ha aprobado.
La reclamación ha adquirido una nueva dimensión porque CCOO ha condicionado la negociación del SMI de 2027 al cumplimiento de este compromiso. Este lunes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, avanzó que el sindicato defendería una subida "por encima del 5%" para salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables.
No obstante, también advirtió de que no habría pacto si antes el Gobierno no cambiaba la regulación para impedir la absorción de pluses y complementos. Y en la misma línea, desde UGT han dejado claro que el cumplimiento del acuerdo anterior es prioritario. Si el Gobierno no aprueba el decreto, los sindicatos tendrán que decidir "qué haríamos", incluida la posibilidad de replantearse la propia negociación de la subida del SMI, ha señalado Álvarez (UGT) este miércoles.
El despido, otra reforma que sigue sin avanzar
El despido improcedente es otro de los compromisos que siguen pendientes. Los sindicatos reclaman a Trabajo que reforme el sistema de indemnizaciones para adaptarlo a las resoluciones del CEDS (Comité Europeo de Derechos Sociales), que ha concluido que la legislación española no garantiza una compensación suficientemente disuasoria ni permite reparar adecuadamente el perjuicio sufrido por el trabajador.
Desde octubre se encuentra la mesa abierta para negociar esta materia. La negociación, sin embargo, no ha avanzado: la CEOE se ha negado a participar después de que el Tribunal Supremo avalara el actual sistema de despido. Pese a ello, Díaz mantiene su intención de cambiarlo y este miércoles ha vuelto a defender en el Congreso que "es baratísimo despedir a un trabajador. Por lo tanto, vamos a hacer algo".
La propuesta del Gobierno pasa por que la indemnización no dependa únicamente del salario y la antigüedad, sino que tenga en cuenta también las circunstancias particulares del trabajador y el daño económico que le provoca la pérdida del empleo. Una reforma en la que la ministra lleva meses trabajando, pero que todavía no se ha traducido en un cambio legislativo.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
También sigue pendiente la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, otra de las medidas que el Gobierno se ha comprometido a sacar adelante. El Ejecutivo, UGT y CCOO alcanzaron en febrero un acuerdo para actualizar la normativa y el Gobierno aprobó el anteproyecto en abril, que recibió el pasado 27 de julio el aval del Consejo Económico y Social (CES).
El texto refuerza la obligación de las empresas de gestionar los riesgos psicosociales, adaptar la prevención a los efectos de las transiciones climática, demográfica y digital, incorporar la perspectiva de género y crear la figura del agente territorial para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar una cultura preventiva. No obstante, pese a estos avances, la reforma todavía no ha culminado su tramitación y los sindicatos reclaman al Gobierno que proceda a su aprobación.
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