El Gobierno quiere convertir en permanente el control que ejerce sobre determinadas inversiones procedentes de la Unión Europea y ampliar el perímetro de operaciones que pueden quedar sometidas a autorización previa. El Ministerio de Economía ha abierto dos consultas públicas previas para reformar tanto la Ley 19/2003, de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, como su desarrollo reglamentario.
La principal novedad planteada por el departamento que dirige Carlos Cuerpo es que el denominado 'escudo antiopas' deje de tener carácter temporal para determinadas inversiones procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Economía plantea en una de sus consultas expresamente "incluir el régimen de control para determinadas inversiones intracomunitarias para que deje de ser un régimen transitorio".
Este mecanismo se introdujo durante la pandemia del coronavirus en 2020 para evitar que inversores extranjeros oportunistas aprovecharan la debilidad bursátil de compañías españolas consideradas estratégicas para entrar en su capital. A diferencia del régimen general aplicable a determinadas inversiones procedentes de fuera de la UE, el mecanismo específico para inversores comunitarios caduca el próximo 31 de diciembre de 2026. Y tras varias prórrogas, Economía aún no dice si lo va a extender más o no.
El régimen hace que determinadas operaciones sobre empresas españolas consideradas sensibles por razones de seguridad, orden público o salud pública deban someterse a autorización previa por parte del Gobierno. Una de sus aplicaciones más conocidas fue el rechazo en 2024 de la oferta del consorcio húngaro Ganz-MaVag sobre la firma vasca Talgo. En el ámbito extracomunitario, el sistema de control también fue determinante en la operación de la saudí STC sobre Telefónica, que requirió autorización del Gobierno para alcanzar una participación cercana al 10%.
Más sectores y nuevas operaciones bajo control
La reforma no se limita, sin embargo, a hacer permanente el escudo para determinados inversores europeos. Economía también estudia concretar qué inversores y qué operaciones deben quedar sometidos a este mecanismo, así como delimitar con mayor precisión los sectores que son considerados estratégicos.
La consulta sobre la reforma de la Ley 19/2003 plantea "especificar el ámbito subjetivo" del artículo 7 bis y "concretar los sectores sujetos a control". También propone regular de forma expresa las prórrogas de las autorizaciones y desarrollar con mayor detalle el régimen sancionador que se puede aplicar.
Aunque será el futuro real decreto el que tenga que desarrollar posteriormente esos cambios. En su consulta previa, el departamento de Cuerpo adelanta algunas de las modificaciones que plantea introducir. Por ejemplo, cita expresamente la inclusión de "sectores o actividades específicas sujetas a control, como los centros de datos".
Esta última es una actividad que ha concentrado inversiones multimillonarias en España durante los últimos años y que está adquiriendo un carácter cada vez más estratégico. Y la nueva regulación del Gobierno tiene en pie de guerra al sector, que exige seguridad jurídica ante el crecimiento de las exigencias vinculadas al desarrollo de estas infraestructuras.
Cambios en las autorizaciones
Economía plantea además incluir expresamente a determinadas inversiones greenfield, es decir, proyectos que suponen crear nuevas instalaciones o capacidades productivas desde cero, y no solo adquirir empresas ya existentes. Pero la consulta previa no aclara qué proyectos entrarían en este régimen ni bajo qué umbrales.
Por otro lado, Economía plantea introducir un procedimiento de autorización en dos fases. El Ministerio argumenta que el aumento de operaciones sometidas a revisión obliga a avanzar hacia un control "más focalizado y efectivo". La reforma pretende servir también para ordenar el régimen de declaraciones y sanciones.
Además, el Ejecutivo quiere adaptar la legislación española a las sanciones económicas aprobadas por la Unión Europea, especialmente en materia de comercio de servicios. Las dos consultas permanecerán abiertas hasta el 14 de octubre. Fuentes de Economía consultadas por El Independiente subrayan que se trata todavía de una fase previa y que las medidas planteadas no constituyen un texto normativo definitivo. Con las opiniones que recabe, podrá preparar los cambios legislativos que, en todo caso, deberían superar el correspondiente trámite parlamentario en el año escaso que resta de legislatura.
El Gobierno también acelera las inversiones que considera estratégicas
La revisión del sistema de control coincide con la aprobación este martes en Consejo de Ministros de un real decreto que regula el funcionamiento del Comité de Inversiones Estratégicas y el procedimiento para declarar determinados proyectos como Proyectos Estratégicos de Inversión.
Podrán obtener esta consideración iniciativas que refuercen las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y en las que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico. Según el Gobierno, las comunidades autónomas serán consultadas, pero la declaración definitiva corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité.
El órgano estará copresidido por el responsable de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y por el secretario de Estado de Economía, y contará con representación de distintos ministerios.
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