La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto el calendario para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2027. Además, según han adelantado a elDiario.es. fuentes del Ministerio de Trabajo el objetivo es "intentar" que la subida esté lista antes del 29 de noviembre, aunque también han subrayado que deberán cumplirse "todos los plazos" del procedimiento. De esta forma, desde Sumar dan el pistoletazo de salida a la campaña preelectoral.
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Concretamente, el Ministerio ha convocado para este jueves a la comisión asesora de expertos que deberá elaborar el informe previo sobre la subida. Un proceso que habitualmente comienza en octubre pero que este año se desarrolla con el calendario electoral ya sobre la mesa. Pese a que se tienen que disolver las Cortes, el Gobierno seguirá teniendo potestad para fijar el SMI incluso si se encuentra en funciones, por lo que el adelanto electoral no impediría jurídicamente aprobar la nueva cuantía.

Inflación al alza

La decisión llega después de que el Gobierno descartara una segunda subida del SMI en 2026 pese a las reclamaciones de UGT para compensar el repunte de los precios a raíz del impacto sobre los precios que estaba teniendo la guerra en Irán. Pese al rechazo, el Ejecutivo optó por trasladar el impacto de la inflación al incremento correspondiente a 2027.

No obstante, ya hay cifras inciales, al menos la propuesta de CCOO. Desde este sindicato se planteó que el SMI debería aumentar más de un 5% en 2027. Una cifra por encima de la de 2026 (que fue del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales) y también superior a la inflación promedio hasta agosto de 2026, que se sitúa en el %. y con la que levantó recelos por parte de las organizaciones empresariales.

Sea como fuere, será la comisión de expertos la encargada de elaborar la recomendación que servirá de referencia para fijar el SMI de 2027. Una comisión en la que el comité suele plantear una horquilla de incremento, que posteriormente se traslada a los agentes sociales, aunque la decisión final corresponde al Gobierno y que no requiere la ratificación ni de la patronal (como ha pasado desde 2020) ni de los sindicatos.