El Gobierno ha garantizado este martes a los sindicatos la subida salarial del 4,5% prevista para 2027 para los empleados públicos, aunque no ha concretado cuándo aprobará la norma necesaria para hacer efectivo el incremento. Así lo ha trasladado el Ministerio de Función Pública en las reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales, que han reclamado que se fije una fecha para su aprobación.
CCOO ha exigido que el Gobierno apruebe un real decreto ley que permita aplicar la subida en enero de 2027. El incremento afecta a más de tres millones de empleados públicos, según el sindicato.
Por su parte, UGT ha reclamado que la aprobación se produzca antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a las elecciones generales del día 29. La organización sindical considera que el acuerdo firmado con el Ministerio de Función Pública está "cerrado y pactado en todos sus puntos desde noviembre de 2025".
La garantía del Ejecutivo se ha producido durante la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, celebrada este martes. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha valorado el compromiso, pero ha insistido en que el Gobierno debe concretar cuándo aprobará el incremento.
Araque ha recordado que el Congreso de los Diputados aprobó sin dificultades la subida correspondiente a 2025, pese a que su carácter retroactivo podía entrañar una mayor complejidad. También ha defendido que tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, disponen de los mecanismos legales necesarios para hacer efectivo el incremento.
Además, UGT ha señalado que, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique las cifras definitivas del IPC, deberá abonarse el medio punto adicional previsto en el acuerdo y avalado por el Real Decreto-ley 14/2025.
Los sindicatos también han reclamado que se cumplan el resto de compromisos incluidos en el acuerdo marco, entre ellos la actualización de las indemnizaciones por residencia e insularidad, la mejora de las condiciones laborales y las medidas para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
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