El sistema de pensiones español está experimentando transformaciones significativas que afectarán particularmente a los trabajadores que se encuentran próximos a cumplir 36 años de cotización. Las reformas implementadas durante 2024 y 2025 han endurecido los requisitos de acceso a la jubilación, elevando tanto la edad ordinaria como los períodos de cotización necesarios para acceder a la pensión completa. Este escenario plantea desafíos importantes para aquellos trabajadores que planificaban su retiro laboral con base en los criterios anteriores, ya que ahora enfrentan un panorama más restrictivo que requiere una reconsideración estratégica de sus planes de jubilación. La nueva normativa no solo modifica los umbrales tradicionales, sino que también introduce nuevas modalidades de compatibilidad entre trabajo y pensión que podrían beneficiar a quienes opten por prolongar su vida laboral de manera voluntaria.

Marco normativo actual y cambios progresivos hasta 2027

Evolución de los requisitos de edad y cotización

El sistema de pensiones español se encuentra en un período transitorio que culminará en 2027, durante el cual los requisitos para acceder a la jubilación se endurecen progresivamente cada año. En 2025, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66 años y 8 meses para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Esta cifra representa un incremento de dos meses respecto al año anterior, continuando con la tendencia alcista establecida desde la reforma de 2013.

Para los trabajadores con carreras laborales más extensas, existe una vía alternativa que permite jubilarse a los 65 años, siempre que se hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Este umbral también ha experimentado un aumento de tres meses en comparación con 2024, evidenciando el endurecimiento progresivo de los criterios de acceso. La reforma establece que en 2026 se mantendrán los mismos períodos de cotización, pero la edad legal aumentará a 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados.

El horizonte 2027: consolidación de la reforma

A partir de 2027, cuando culmine el período transitorio, los requisitos alcanzarán su configuración definitiva. La edad legal de jubilación se fijará en 67 años para aquellos con menos de 38 años y 6 meses cotizados, mientras que quienes superen este umbral podrán jubilarse a los 65 años. Esta estructura dual del sistema busca incentivar las carreras laborales más largas, otorgando ventajas significativas a quienes mantengan una actividad laboral prolongada.

La progresividad de estos cambios responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a la necesidad de adaptar el sistema español a los estándares europeos. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y reducción de la natalidad, factores que ejercen presión sobre el equilibrio contributivo del sistema.

El umbral crítico: 36 años y 6 meses de cotización

Acceso al 100% de la base reguladora

El período de 36 años y 6 meses de cotización representa un umbral fundamental en el sistema de pensiones español, ya que constituye el mínimo necesario para acceder al 100% de la base reguladora. Este criterio se mantiene inalterado tanto en 2025 como en 2026, lo que proporciona cierta estabilidad a quienes están próximos a alcanzar este objetivo. Los trabajadores que no alcancen este período enfrentarán reducciones proporcionales en su pensión, que pueden llegar hasta el 50% para quienes solo hayan cotizado el mínimo legal de 15 años.

El sistema de cálculo establece que con 15 años cotizados se obtiene el 50% de la base reguladora, incrementándose progresivamente con cada mes adicional hasta alcanzar el 100%. Los primeros 49 meses adicionales al decimoquinto año suman 0,21 puntos porcentuales por mes, mientras que los siguientes 209 meses añaden 0,19 puntos porcentuales mensuales. Esta estructura de incentivos premia especialmente los primeros años adicionales de cotización, haciendo más valioso cada mes trabajado para quienes se encuentran en el tramo intermedio de su carrera laboral.

Limitaciones para cotizaciones superiores

Un aspecto crucial que afecta a los trabajadores con cotizaciones superiores a 36 años y 6 meses es que el sistema no otorga beneficios automáticos adicionales si la jubilación se produce a la edad ordinaria. Esto significa que quienes acumulen 40 años de cotización, por ejemplo, mantendrán el mismo 100% de la base reguladora que aquellos con exactamente 36 años y 6 meses, sin recibir incrementos por el exceso de cotización. Esta limitación representa un elemento de frustración para trabajadores con carreras laborales especialmente largas que esperaban ver reconocido su esfuerzo adicional en la cuantía de su pensión.

La única vía para obtener beneficios adicionales por cotizaciones superiores a 36 años y 6 meses es optar por la jubilación demorada, modalidad que permite sumar un 4% anual al importe de la prestación por cada año completo pospuesto. Esta opción, sin embargo, requiere mantener una situación de alta laboral y cotizar durante el período de demora, lo que no siempre resulta viable para todos los trabajadores según sus circunstancias personales y laborales.

Impacto específico en trabajadores próximos a los 36 años

Ventajas competitivas en el nuevo sistema

Los trabajadores que se acercan a los 36 años de cotización se encuentran en una posición estratégicamente favorable dentro del nuevo marco normativo. Al estar próximos al umbral que garantiza el 100% de la base reguladora, estos trabajadores pueden planificar su jubilación con mayor certidumbre respecto al importe de su pensión. Esta situación les permite evaluar con mayor precisión las diferentes opciones disponibles, desde la jubilación ordinaria hasta las modalidades anticipada o demorada, según sus necesidades económicas y personales.

Además, quienes superen los 36 años y 6 meses de cotización tendrán acceso a condiciones más favorables en caso de optar por la jubilación anticipada voluntaria. Las penalizaciones aplicadas por adelantar la jubilación son menores para trabajadores con períodos de cotización más largos. Por ejemplo, para una anticipación de 24 meses, los coeficientes reductores oscilan entre el 5,7% para quienes tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, y el 4,9% para aquellos con 44 años y 6 meses o más.

Riesgos y desafíos emergentes

Sin embargo, estos trabajadores también enfrentan riesgos específicos derivados de los cambios normativos. Quienes planificaban jubilarse con exactamente 36 años de cotización podrían encontrarse con que este período, aunque suficiente para el 100% de la base reguladora, no les garantiza acceso a la jubilación a los 65 años a partir de 2027. Esto podría obligarles a trabajar hasta los 67 años o buscar alternativas como la jubilación anticipada con las penalizaciones correspondientes.

La reforma también introduce mayor complejidad en el cálculo de las pensiones, especialmente para quienes combinen períodos de cotización en diferentes regímenes o hayan experimentado interrupciones en su carrera laboral. Los trabajadores próximos a los 36 años deben considerar cuidadosamente la calidad de sus últimos años de cotización, ya que la base reguladora se calcula sobre los últimos 25 años, y cualquier período de menor cotización en esta etapa final podría impactar negativamente en su pensión.

Nuevas modalidades de jubilación: oportunidades y restricciones

Reformas en la jubilación parcial y activa

El Real Decreto-ley 11/2024, que entró en vigor el 1 de abril de 2025, introduce modificaciones significativas en las modalidades de jubilación parcial y activa que pueden resultar especialmente relevantes para trabajadores con carreras laborales sólidas. La jubilación parcial ahora permite acceder hasta 3 años antes de la edad legal de jubilación, ampliando las opciones para quienes deseen una transición gradual hacia el retiro. Esta modalidad resulta particularmente atractiva para trabajadores que han alcanzado los 36 años de cotización y buscan reducir progresivamente su carga laboral.

En cuanto a la jubilación activa, la reforma elimina el requisito de contar con una carrera laboral completa, aunque establece que serán necesarios 5 años desde el cumplimiento de la edad legal de jubilación para cobrar el 100% de la pensión en esta situación. Esto significa que los trabajadores que opten por esta modalidad deberán mantenerse activos hasta los 70-72 años para maximizar sus beneficios, una opción que puede resultar viable para profesionales en sectores menos físicamente demandantes.

Incentivos mejorados para la jubilación demorada

La reforma de la jubilación demorada introduce cambios sustanciales en el sistema de incentivos para quienes decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria. A partir del segundo año de demora, el incremento del incentivo se calculará por semestres en lugar de años completos, permitiendo un reconocimiento más granular del tiempo adicional trabajado. Un trabajador que demore su jubilación 3 años y 7 meses, por ejemplo, recibirá un incremento más proporcional a su esfuerzo real.

Estos incentivos pueden llegar hasta el 4% anual para trabajadores con más de 37 años cotizados, lo que representa una oportunidad significativa para maximizar la pensión. Para un trabajador próximo a los 36 años de cotización, alcanzar este umbral superior podría significar la diferencia entre una jubilación estándar y una con incrementos sustanciales, especialmente si combina la demora con una carrera laboral extensa.

Estrategias de planificación para trabajadores afectados

Optimización de los últimos años laborales

Los trabajadores próximos a los 36 años de cotización deben adoptar estrategias específicas para optimizar su posición en el nuevo sistema de pensiones. Una prioridad fundamental es maximizar las bases de cotización durante los últimos 25 años de actividad laboral, ya que este período determina directamente la base reguladora de la pensión. Esto puede implicar buscar oportunidades de promoción profesional, negociar incrementos salariales o considerar cambios de sector que permitan cotizaciones más elevadas.

La planificación debe incluir también una evaluación detallada de los beneficios de extender la carrera laboral más allá de los 36 años y 6 meses. Aunque el sistema no otorga incrementos automáticos por cotizaciones adicionales en la jubilación ordinaria, estos años extra pueden resultar cruciales para cumplir con los nuevos requisitos de edad y cotización que se implementarán hasta 2027. Además, proporcionan flexibilidad para acceder a modalidades más ventajosas como la jubilación anticipada con menores penalizaciones.

Consideración de alternativas de transición

Para aquellos trabajadores que se encuentren en sectores laboralmente demandantes o con limitaciones de salud, resulta esencial evaluar las opciones de transición gradual hacia la jubilación. La nueva regulación de la jubilación parcial permite reducciones de jornada de hasta el 75% sin necesidad de contrato de relevo, ofreciendo una vía para mantener ingresos mientras se reduce la carga laboral. Esta opción puede resultar especialmente valiosa para trabajadores que han alcanzado los 36 años de cotización pero aún no cumplen los requisitos para la jubilación ordinaria completa.

La jubilación anticipada voluntaria sigue siendo una opción viable, aunque con penalizaciones que varían según el período de cotización acumulado y los meses de anticipación. Los trabajadores deben calcular cuidadosamente si las reducciones aplicadas justifican el adelanto de la jubilación, considerando factores como su esperanza de vida, necesidades económicas inmediatas y oportunidades de trabajo alternativo.

Nueva normativa

La nueva normativa de pensiones establece un escenario más exigente para los futuros jubilados, pero también ofrece oportunidades mejoradas para quienes planifiquen estratégicamente su transición laboral. Los trabajadores próximos a los 36 años de cotización se encuentran en una posición privilegiada para aprovechar tanto las garantías del sistema como las nuevas modalidades de compatibilidad entre trabajo y pensión. El éxito en este nuevo marco requiere una comprensión detallada de las opciones disponibles y una planificación proactiva que considere no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos, sino la optimización de los beneficios a largo plazo.

Las reformas implementadas reflejan la necesidad de equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección de los derechos adquiridos, creando un marco que premia la prolongación voluntaria de la vida laboral mientras mantiene redes de seguridad para quienes no puedan o no deseen extender su carrera profesional. Para los trabajadores afectados, el momento actual representa una oportunidad crucial para ajustar sus expectativas y estrategias, aprovechando las ventajas del período transitorio antes de que se consoliden definitivamente los nuevos requisitos en 2027.