El pasado 4 de febrero el Gobierno aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,5%, tras llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos. Un incremento del cual todavía no se ha publicado el Real Decreto correspondiente pero que tendrá carácter retroactivo con fecha de De esta de enero del presente ejercicio.

De esta forma alcanzaría los 13.300 euros anuales; recibiendo el trabajador 950 euros mensuales, si tenemos en cuenta las 14 pagas, o bien 1.108,33 euros, si se prorratean las extra en las nóminas y se hacen, por tanto, 12 pagas.

Si bien esta subida no afecta al resto de salarios, es decir, que a la hora de pagar nóminas que ya fuesen superiores a esa cantidad la empresa no tiene que aumentar la retribución, lo cierto es que esos 50 euros de más que se reflejan para los que cobrasen el SMI suponen una parte del presupuesto de las compañías. Especialmente teniendo en cuenta las características y condiciones de las pequeñas y medianas empresas que son, siempre, las más afectadas en estos casos.

Tal y como apuntan desde PIMEC, quienes siempre se han mostrado a favor de este incremento en el salario mínimo, esperaban una ayuda por parte del Ejecutivo para compensar los costes que estas pymes tendrán que asumir. En concreto, la medida por la que apostaban, era por una revisión de los contratos públicos que les permitiese, así, contrarrestar el aumento de dichos gastos. El problema es que el Ministerio de Hacienda ha rechazado esta opción.

A pesar de no conseguir tal ayuda, desde esta institución (representante de empresas catalanas) continúan defendiendo esta subida del salario mínimo y que esta tenga una tendencia progresiva, pero advierten de que este no debe repercutir de forma negativa tanto en el desarrollo como en la economía de las pequeñas y medianas empresas.

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