Lejos de solucionarse parece que el problema de la morosidad continúa en aumento. Da igual si el cliente es una Administración Pública o pertenece al sector privado, los pagos se realizan muy por encima del plazo establecido por la normativa.
En concreto, tal y como denuncia la Plataforma Multisectorial contra la morosidad (PMcM) un 65% de los contratos comerciales de 2019 incluÃan condiciones de pago por encima de los 60 dÃas que marca la ley. Y eso no es todo, pues en la mayorÃa de casos algunas de las cláusulas iniciales ya marcan, antes de empezar a trabajar, condiciones ilegales de pago.
Pagar tarde: una acción sin consecuencias
Por si esta situación no fuese lo suficiente mala para las empresas, la gran mayorÃa de ellas (un 86%) no requirió los intereses de demora que les correspondÃan. Tampoco solicitaron la indemnización por costes de recobro en los casos correspondientes un 94% de los proveedores. Desde el informe de PMcM apuntan a que esto puede deberse al temor de perder a los clientes por reclamar dichas cuantÃas.
En el caso de las Administraciones Públicas el plazo medio de pago aumentó hasta los 70 dÃas, habiéndose situado en 68 en el ejercicio anterior, lo que las deja en el mismo lugar que a las empresas del sector privado.
En este sentido, las que peor pagan son las grandes empresas (aquellas que tienen una facturación superior a 50 millones). Al menos, asà lo afirman más de la mitad de los encuestados para la realización del informe. Estas compañÃas pagan más de 90 dÃas después de la recepción de la factura (según señalan el 46%) o, en el mejor de los casos, entre los 60 y 90 dÃas (35%).
Los únicos que mejoran sus datos son las pymes y autónomos. Si bien es cierto que pagan tarde, en concreto con una media de 73 dÃas, la mejora es notable. No en vano, durante 2018 pagaban con 8 dÃas más de retraso que en el pasado ejercicio.
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