Hace cuatro años que no se impone ninguna condena. Un tiempo en el que los actos de bienvenida a presos de ETA a su salida de prisión no han dejado de celebrarse en la vía pública. Sólo en el último lustro hay documentados 151 ‘Ongi Etorri’ –según el Observatorio de la Radicalización- en Euskadi y Navarra. Ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo volvió a anunciar: habrá sanciones administrativas a quienes permitan la celebración de estos homenajes que la Justicia ya no condena. Antes lo prometió el PP y lo planteó Ciudadanos. Ahora lo hace el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias pero sin avanzar en qué términos ni fijando plazos para la entrada en vigor de la medida.

En todos estos años, en los que la salida de prisión de presos de ETA ha sido numerosa, la ley 29/2011 de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo no se ha modificado. El ministro del Interior anunció ayer que mantiene contactos con las víctimas y que próximamente presentará un borrador de los cambios a aplicar en la norma que data de 2011. Algunas de las asociaciones de víctimas más importantes hace tiempo que se vieron con Grande Marlaska. La AVT y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) no se han reunido con él desde marzo del año pasado, hace casi un año. Ninguna de las dos conoce en qué términos se puede reflejar esa modificación administrativa con la que el Gobierno confía en frenar los ‘Ongi etorri’.

Asociaciones como la AVT, con algo más de 4.000 miembros, presentaron a finales del Gobierno Rajoy sus propuestas, entre ellas la de aplicar multas a los ayuntamientos que permitieran este tipo de actos en su término municipal. El planteamiento pasaba por incluir multas de cuantía elevada, de hasta medio millón de euros, para intentar por la vía administrativa lo que por la judicial no se está logrando; que se impida o sancione la celebración de los homenajes. Desde Covite, en cambio, se muestran en contra de la imposición de multas como única salida, ya que consideran que ya existen medios en la legislación, como el artículo 578 del Código Penal, para sancionar los ‘Ongi Etorri’.

La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara afirma que desconocen si existe algún documento avanzado al respecto y los términos en los que se propone la medida reiterada ayer por Grande Marlaska. Pese a ello, considera que no será algo que suceda “de la noche a la mañana”. “Aún debe ser un anteproyecto para presentarlo al Consejo de Gobierno y después iniciar la tramitación parlamentaria hasta que se convierta en ley. Es algo a lo que le queda mucho recorrido para poderse aplicar”.

Sin "riesgo cierto"

En los últimos años la justicia ha rechazado todas las denuncias interpuestas por las asociaciones de víctimas contra los actos de bienvenida. Tanto la Audiencia Nacional como la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional han sido la base para esgrimir que no puede existir delito de enaltecimiento del terrorismo cuando no hay un “riesgo cierto” de que se pueda cometer un delito terrorista. Salvo que se escenifique de modo expreso el apoyo a la banda y su pasado la justicia no ha cuestionado su celebración. Menos aún con ETA ya disuelta. En las resoluciones incluso se ha llegado a presentar como meras muestras de alegría por el regreso de un ser cercano tras años en la cárcel los homenajes brindados a los presos que salen en libertad.

La última esperanza radica en poder acreditar que en cambio si se produce una “humillación a las víctimas” con un impacto real en ellas con la celebración de los ‘Ongi etorri. La AVT ha elaborado incluso un informe de carácter psicológico en el que se analiza el impacto que la proliferación de estos actos tiene en las víctimas del terrorismo.

La sanción por la vía administrativa las planteó en su momento Ciudadanos, el PP y ahora también la defiende el PSOE. Sin embargo, desde Covite se considera que será muy complicado que una medida así sea efectiva. “Yo personalmente no soy partidaria de esta vía. Es un camino que sabrán burlar como siempre han hecho y que no tendrá ningún impacto. Quizá encuentren una fórmula para definir muy bien cuándo se produce un acto, un ‘Ongi etorri’, pero soy escéptica”, asegura Consuelo Ordóñez.

Reconoce que a pesar de haber perdido “la batalla de la justicia” la presión ejercida contra este tipo de homenajes sí ha servido para ganar “la batalla del relato”: “Todo el país se ha enterado de que estas cosas continúan ocurriendo. Incluso quienes los organizan se han visto obligados a modificar su modo de actuar. Ya no los anuncian, no difunden carteles convocando al recibimiento, tampoco suben vídeos ni fotografías a las redes sociales. Incluso advierten a quienes acuden para que no lo hagan. Es un paso”.

Desde 2018

Actualmente en la Audiencia Nacional se continúa con la instrucción del procedimiento abierto contra varios representantes de Sortu y quien fuera miembro de ETA, José Antonio López Ruiz, acusados de estar detrás de la organización de casi un centenar de actos de bienvenida y homenaje en los últimos tres años. En este caso la esperanza de las asociaciones personadas es que sí se pueda probar que este tipo de actos suponen una humillación.

La modificación de la ley de víctimas es una vieja promesa que comenzó a poner en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy y ha continuado sobre la mesa del Ejecutivo de Sánchez. Las asociaciones llegaron a presentar propuestas para su actualización e incluso se pudo redactar un primer borrador a finales de 2019, si bien no se ha trasladado a las organizaciones de víctimas. Entre a las modificaciones solicitadas no sólo se incluían las referidas a las sanciones o prohibición de este tipo de actos sino también a cuestiones como el apoyo médico y económico al colectivo de víctimas.