El Tribunal Supremo revisa este martes la sentencia que condenó hace dos años a José Ramón Prado Bugallo, alias ‘Sito Miñanco’, a cuatro años de prisión y el pago de una multa de seis millones de euros por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Una sentencia en la que se acordó la clausura definitiva de la inmobiliaria familiar San Saturnino SL que Miñanco y su círculo de confianza fundaron en los años 80 y que la Audiencia de Pontevedra consideró «el eje alrededor del cual todos los acusados llevaron a cabo el delito de blanqueo de capitales».

La inmobiliaria que la Justicia consideró la tapadera del verdadero negocio ilegal de Prado Bugallo acumulaba un total de 34 propiedades valoradas en más de 10 millones de euros. La Audiencia de Pontevedra le condenó a él, a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario próximo a la familia a la misma pena de prisión por blanqueo. En la sentencia de enero de 2019 se consideró que todos «participaron activamente de forma fundamental en el conjunto de actos a través de los que pretendían lavar el dinero procedente del narcotráfico».

La defensa de Prado Bugallo presentó un recurso de casación contra la sentencia y este martes tendrá lugar en el Supremo una vista en la que se valorará. Así, el clan Miñanco se juega perder el negocio inmobiliario que conservan desde hace 30 años. La principal fuente de ingresos declarado para atesorarlo, según la sentencia del tribunal gallego, era el arrendamiento de las instalaciones de Astilleros Facho SL y de varios pisos de un edificio en Cambados (Pontevedra), localidad natal de Prado Bugallo.

Los jueces gallegos consideraron, sin embargo, imposible que todo el patrimonio alrededor de la inmobiliaria procediera de las actividades legales que declararon los condenados: Sus ingresos «no les daban para manejar tan ingentes cantidades de dinero», consideraron los magistrados.

Según la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que este martes se somete a revisión estos fondos sólo se explicaban «por la relación de todos ellos con las actividades delictivas, sobre todo, del acusado José Ramón P.B.».