El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Toni Comín, Raül Romeva y Dolors Bassa tratan de apartar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo y Concepción Espejel de sus recursos contra la sentencia del ‘procés’ por «falta de apariencia de imparcialidad».

En la recusación presentada por la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí, se habla se recoge que Arnaldo, «propuesto por el PP para el cargo», consideró «enfermos del sectarismo» a quienes se opusieran a que la Fiscalía presentara una querella contra Puigdemont por impulsar el procés.

El expresidente catalán expone en su recurso que «el hecho de haber nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a quien hacía gala de estar ‘moviéndose’ para que el nuevo fiscal fuera «bueno» con el expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular Ignacio González, meses antes de la elección del Excmo. Sr. José Manuel Maza como fiscal general del
Estado, resulta verdaderamente asombroso», destacando «la relación con el Partido Popular» que considera tiene tanto este magistrado como la expresidenta de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel.

«Vulneración del derecho a juez ordinario»

Junqueras, Romeva y Bassa también presentaron incidente de recusación contra los dos magistrados nombrados a propuesta del PP, según anunció Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en un comunicado este jueves.

ERC ha subrayado que los magistrados que se ocupan de un procedimiento «no deben tener ni manifestar ningún interés particular en su desarrollo o resultado, ni prejuzgar de forma previa su resultado a partir de posturas personales, ni favorecer de ninguna manera a ninguna de las partes».

Según Junqueras, Romeva y Bassa, las declaraciones públicas y las relaciones personales y de afinidad ideológica de los dos magistrados «denotan una clara predisposición o prejuicio favorable a las tesis defendidas por las acusaciones y desfavorable, en cambio, a los planteamientos de la defensa».

«Este hecho debería hacerles abstener de participar en los pronunciamientos que el TC tiene pendientes de resolver en cuanto a los recursos de amparo efectuados sobre la sentencia del Tribunal Supremo», añade ERC.

Si no son recusados, avisa ERC, «se estaría incurriendo en una vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías, el derecho a un tribunal imparcial, el derecho a un efectivo recurso y, en definitiva, a la existencia de una verdadera tutela judicial efectiva en el seno de un procedimiento justo o equitativo».