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Relevo en Transparencia: el 'número dos' deja el puesto para irse con Nadia Calviño

Francisco Javier Amorós llevaba desde 2015 como subdirector general del CTBG y llegó a ejercer de presidente interino durante tres años | Su marcha se produce en vísperas de que el organismo empiece a ejecutar el nuevo plan estratégico (2022-2025)

Javier Amorós, hasta ahora subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno.

Javier Amorós, hasta ahora subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno.

Francisco Javier Amorós, número dos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desde la creación de este organismo, deja el puesto que ocupa desde hace casi siete años para iniciar una nueva etapa profesional al frente de una subdirección general en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La salida se produce en vísperas de que la autoridad independiente empiece a ejecutar el plan estratégico que ha trazado hasta el año 2025.

Según ha podido confirmar El Independiente, Amorós ha comunicado ya a nivel interno su marcha como subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, estando previsto que se formalice el próximo lunes. También lo avanzó a los presidentes y directores de los consejos y comisionados de transparencia con motivo de la reunión mantenida la pasada semana en Madrid.

Su nuevo destino será la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales, dependiente de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. No ha trascendido quién ocupará su puesto, del que depende una subdirección general adjunta. 

La salida de Francisco Javier Amorós se daba por segura a principios de 2021, a raíz de la llegada de José Luis Rodríguez Álvarez a la Presidencia del CTBG y su decisión de remodelar el equipo para incluir a personas que compartieran su proyecto, sus objetivos y su estilo de dirección, como él ha defendido en sus comparecencias parlamentarias. Esa reestructuración sí alcanzó a Esperanza Zambrano, responsable hasta entonces de la subdirección general de Reclamaciones y que se había significado por dictar resoluciones que desnudaban la opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Funcionario del cuerpo superior de administradores civiles del Estado desde 1982, el hasta ahora subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno -puesto con una remuneración de 92.184 euros- fue nombrado el 14 de abril de 2015. Desde la muerte de Esther Arizmendi en noviembre de 2017 y hasta la llegada de Rodríguez Álvarez a finales de octubre de 2020, Amorós ejerció de presidente de forma interina.

Plan estratégico 2022-2025

Con el nombramiento en enero pasado de una nueva subdirectora general de Reclamaciones en sustitución de Zambrano (Carmen Montero García-Noblejas) y el relevo que se producirá ahora en la subdirección general de Transparencia y Buen Gobierno, el actual presidente avanza en su objetivo de ahormar su propio equipo. «Todo máximo responsable de una institución tiene que poder configurar su equipo directivo con personas que compartan su proyecto, sus objetivos y su estilo de dirección. Lo contrario sería un sinsentido», defendió el pasado 12 de mayo durante su comparecencia ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados.

La marcha del número dos del CTBG se produce en un momento de inflexión para el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública. La entidad ha diseñado un plan estratégico (2022-2025) en el que se marca objetivos renovados y nuevas líneas de actuación tras la experiencia de los primeros seis años de funcionamiento.

El documento señala dos «metas fundamentales». Una es acabar con la «evidente precariedad de medios humanos y materiales», circunstancia que -según Transparencia- «le impide cumplir con plena eficacia» todas las tareas que tiene asignada. La plantilla de trabajadores es prácticamente la misma que con la que echó a andar, pese al formidable incremento de las reclamaciones constatado en este periodo.

El presidente del CTBG avanza en su deseo de ahormar un equipo que comparta plenamente su «estilo de dirección»

Esta situación se paliará parcialmente en 2022, cuando el organismo dispondrá de 647.100 euros más para gestionar al pasar de un presupuesto de 2.386.010 a 3.033.110 euros. Con todo, la cuantía tendría que incrementarse aún en al menos un 63,5 % para poder «cumplir las funciones que tiene encomendadas», según las estimaciones aireadas por Rodríguez Álvarez en sede parlamentaria.

Desde su llegada, Rodríguez Álvarez viene abogando por la necesidad de completar la estructura orgánica de la entidad, que se encuentra -a su juicio-inacabada. Como ejemplo de esta carencia, el presidente llama la atención sobre el hecho de que no exista en el organigrama una secretaría general, circunstancia que provoca que «gran parte de las actuaciones burocráticas» se desplacen hacia él. Tampoco cuenta el CTBG con una asesoría jurídica, lo que le obliga a contratar los servicios de un bufete externo para que le represente en los casos en los que recurre la Administración sus resoluciones y no puede hacerlo la Abogacía del Estado por colisión de intereses.

El otro objetivo estratégico a alcanzar en los próximos años es contribuir a solventar el «déficit de regulación» del procedimiento de tramitación de las reclamaciones que presentan los ciudadanos frente a la vulneración de su derecho de acceso a la información pública por parte de las administraciones públicas alcanzadas por la Ley de transparencia. Sin un reglamento aún que desarrolle la norma, existen cuestiones jurídicas en la actualidad sin la «suficiente definición normativa», lo que genera «dudas interpretativas» al CTBG a la hora de resolver dichas reclamaciones.

Agilizar la tramitación de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública mediante un gestor documental digital, mejorar las evaluaciones de cumplimiento de la ley con la incorporación de herramientas tecnológicas, fomentar la labor de asesoramiento del organismo e incrementar su participación en jornadas y otros foros de debate son otros de los objetivos fijados para el próximo cuatrienio, ya si Javier Amorós en el equipo.

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