«Hemos dicho basta al acoso laboral». Quien así habla es Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato CSIF en la Guardia Urbana de Barcelona. El detonante, el expediente informativo abierto a un agente destinado en el distrito de Ciutat Vella, uno de los más complejos, por desobediencia a su superior. La desobediencia: mediar en una embajada con un ciudadano extranjero que reclamaba ayuda para regresar a su país de origen. Fuera de horario laboral.

El agente en vías de sanción no quiere ser identificado, teme repercusiones en su carrera profesional, aseguran desde CSIF. Pero su caso ha encendido a sus compañeros, que destacan su habilidad como mediador. Una de las más destacadas la recogía recientemente La Vanguardia: el acompañamiento a una ciudadana mexicana a la que, con otro agente, estuvieron apoyando para que dejara la calle y las drogas. El proceso de rehabilitación concluyó hace unas semanas, con el regreso de la joven a México.

No era la primera vez, relatan sus compañeros. Era requerido de forma habitual por otros agentes para mediar en situaciones conflictivas, y uno de los urbanos mejor valorados por los vecinos de Ciutat Vella. También en la Sala Bauluart, el centro de venopunción y atención a drogodependientes con más usuarios de Barcelona.

Era el perfecto ejemplo del policía de barrio, o de proximidad, con el que el gobierno de Ada Colau quiere redefinir las tareas de la Guardia Ubana, con especial atención a los personas vulnerables y en riesgo de exclusión. Hasta que el intendente Ángel Sagués asumió la dirección de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en Ciutat Vella, y le prohibió explícitamente cualquier tarea de ayuda social.

Expediente disciplinario

Una prohibición que acompañó de un cambio de destino. El agente dejaba de patrullar en las calles para ser destinado al punto fijo de la centralita de comisaría. Con una excepción: «sí puede hacer de refuerzo en la Sala Baulart» añaden con sorna desde el sindicato. Sagués advirtió además al agente de que tampoco podría hacer voluntariado o ayuda social en sus horas libres.

A eso se acoge el expediente sancionador abierto por Unidad Deontológica de Asuntos Internos (UDAI), que este miércoles citó al agente investigado. Una semana ante había recibido notificación de la UDAI en la que se anunciaba la incoación de un expediente disciplinario. El motivo: «Haber cometido una presunta negligencia en el cumplimiento de funciones o de las órdenes recibidas el pasado 8 de febrero».

«No lo entendemos» reconoce Zambrano, que no oculta su enfado por el caso. El portavoz sindical atribuye el expediente al intendente Sagués y denuncia que se trata de un caso de «acoso laboral» que ya ha denunciado ante todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

«No es el único», añade el portavoz de CSIF, que advierte que «hemos dicho basta al acoso laboral y el caciquismo con el que se dirige la Guardia Urbana». Un autoritarismo que según Zambrano «se ha agravado» con la llegada al frente del cuerpo de Pedro Velázquez, escogido hace dos años por Colau para reformar la la policía municipal.

Policía de barrio

«La policía de barrio es una demanda histórica de los vecinos de la ciudad y es clave que a través de la proximidad consigamos que todo el conjunto de la ciudadanía se responsabilice de la seguridad y la cohesión social», explicó Ada Colau en la presentación de su nuevo modelo policial, en 2017. «Siento orgullo de estar celebrando el inicio de la policía de barrio que permitirá prevenir y detectar los problemas antes de que se hagan más grandes».

Tres años después, denuncia CSIF, se abre expediente a uno de los agentes formados como Guardia Urbana de Proximidad que mejor había interiorizado ese modelo. «Se llenan la boca con la policía de barrio, y cuando tienen a un agente ejemplar por su altruismo lo castigan» lamentan.