La mitad de la cúpula fiscal, 16 fiscales de Sala del Tribunal Supremo, han enviado una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que piden que se dirija al Congreso de los Diputados y al Grupo Socialista en éste y les pida que procedan a la "inmediata retirada" de una enmienda que han presentado en la tramitación del proyecto de ley concursal que el Gobierno ha enviado al Parlamento.

Con esta enmienda, el partido del Gobierno pretende reformar el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de que la fiscal general del Estado tenga que informan al Gobierno de los asuntos de su especial interés sin obstáculo legal.

Según la citada enmienda que han podido conocer los fiscales denunciantes, entre quienes se encuentran las ex fiscales generales del Estado Consuelo Madrigal y María José Segarra, el citado artículo del EOMF quedaría así: El Fiscal General del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia
iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

Para los fiscales denunciantes, en caso de que esa enmienda fuera aceptada, afectaría directamente "a los principios esenciales que regulan la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal, y muy particularmente a su independencia del Gobierno como órgano de justicia, contraviniendo las recomendaciones del grupo GRECO del Consejo de Europa", según la carta con fecha de este jueves entregada este viernes.

No se ha informado ni a CGPJ ni al Consejo Fiscal

"El establecimiento de una obligación para el Fiscal General del Estado consistente en informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia que por su naturaleza y relevancia deba conocer representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno, y con ello de la propia institución, a la par que una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal. Esta nueva previsión legal consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso, con la excepción del deber de informar a la opinión pública para el que el Fiscal está facultado en los términos previstos por el art. 4.5 del Estatuto Orgánico", se afirma en el escrito al que ha tenido acceso El Independiente.

Lo respaldan fiscales tanto de la Asociación de Fiscales (conservadora) como de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Los firmantes Pilar Fernández Valcarce, Javier Zaragoza, José Luis Bueren, Consuelo Madrigal, José Ramón Noreña, Elvira Tejada de la Fuente, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Jaime Moreno, Manuel Moix, Francisco Moreno, Rosana Morán, María José Segarra, Pilar Martín Nájera, Fernando Rodríguez Rey y Javier Huete destacan que "ni la forma elegida para llevar a cabo una reforma legal de semejante calado, ni el contenido material de la misma son asumibles. En primer término, porque tratándose de un cambio normativo que afecta manifiestamente al funcionamiento del Ministerio Fiscal y a las relaciones con otros poderes del Estado, las normas legales vigentes exigen que los mismos sean informados por el Consejo General del Poder Judicial (art. 561 LOPJ) y el Consejo Fiscal (art. 14.4.j) EOMF). No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados y evacuados sus preceptivos trámites de informe sobre la viabilidad jurídica de semejantes modificaciones legales".