En plenas negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha decidido disolver la Asamblea de Representantes que actúa como una suerte de parlamento en el exterior en la estructura de su Consejo de la República (CxR). Y la idea no ha gustado a los miembros de la asamblea, representantes del sector más ortodoxo del independentismo. Tampoco las formas.
Puigdemont anunció la intención de disolver la Asamblea el pasado lunes, vía mail a los registrados en el CxR. Es decir, a todos aquellos que se registraron en esta entidad privada, creada desde Bélgica, para construir una suerte de nacionalidad catalana alternativa, con su gobierno y órganos de representación al margen de la administración española. Un registro con el que Puigdemont aspiraba a alcanzar el millón de registrados, por el que los inscritos debían abonar 10 euros.
En la carta remitida la noche del lunes a los 121 miembros de la Asamblea y el resto de los inscritos en el CxR Puigdemont propone dividirla en dos cámaras para "focalizar" mejor su trabajo. No ponía fecha a la disolución, pero apuntaba la oportunidad de abordar ahora esta reestructuración porque el próximo octubre debían celebrarse las elecciones para renovar el organismo.
La hipocresía de Puigdemont
Ni una palabra que pudiera asociar esa decisión con las negociaciones en curso con el PSOE y Sumar para avalar la investidura de Pedro Sánchez. Pero eso, exactamente, es lo que han pensado algunos de los representantes disueltos, que han recibido con visible enfado la decisión del ex president.
El ex mosso Albert Donaire, miembro de la Asamblea, denunciaba en redes la "hipocresía y doble juego" de Puigdemont. Mientras otra electa, Mercè Zamora, recomienda al ex president que "antes de deshacerte de la Asamblea tendrías que haberlo hecho de Toni Comin". Un tercero, Jaume Sastre, relaciona directamente la decisión con las negociaciones con el PSOE y sus seguidores señalan la "pésima influencia" de Jaume Asens, negociador en nombre de Sumar.
Fuentes del gobierno del CxR argumentan, sin embargo, que han querido aprovechar el fin del mandato para hacer "una reforma a fondo" antes de convocar nuevas elecciones entre sus abonados y lo desvinculan de las negociaciones con el PSOE. Reducen además el malestar expresado en las redes a la veintena de representantes críticos "que ya estaban enfrentados al gobierno" del CxR.
Consulta interna
El proceso anunciado por Puigdemont implica convocar una consulta a los inscritos en el Consell -más de 100.000 según la entidad- para aprobar la disolución de la Asamblea. Según la carta enviada a los inscritos, el CxR tiene dos prioridades: "generar recursos organizativos para llevar a cabo acciones orientadas al control del territorio" y "definir las reglas del juego de la república catalana".
El primer objetivo quedaría en manos de una nueva cámara, representante de los consejos locales y los inscritos. En una segunda cámara, de caracter "legislativo" recae la responsabilidad de empezar a preparar las leyes de la futura república catalana.
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