Además de los procedimientos penales, la ley de amnistía también borrará la presunta "responsabilidad contable" de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, que este viernes tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas, en el que se les reclama entre 3 y 5 millones de euros.
El del Tribunal de Cuentas es uno de los procedimientos más inminentes por el "procés" y afecta, además de a Puigdemont, al expresident Artur Mas, al exvidepresident Oriol Junqueras, a varios exconsejeros y exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del "procés".
La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, cantidad que reclama que abonen los abonados de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, la eleva a 5,3.
La norma que se va a registrar en el Congreso, cuyo texto se ha conocido este lunes, establece que "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso", cuando la ley entre en vigor.
Una vez aprobada, la ley borrará esa supuesta "responsabilidad contable" que el Tribunal de Cuentas debe determinar tras el juicio que, por el momento, se prevé este viernes.
El texto establece que el tribunal deberá decretar el archivo de las actuaciones o la absolución, dependiendo de la fase del proceso, previa audiencia de la Fiscalía y otros demandantes -en este caso, Sociedad Civil Catalana-, "cuando estas no se hayan opuesto".
También establece, como hace en la jurisdicción penal, que "se procederá al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fase de actuaciones previas o de primera instancia", lo que podría afectar a los 5,4 millones de euros de fianza exigidos en el marco de este procedimiento.
El Tribunal de Cuentas ya acogió otro procedimiento contra Artur Mas y varios de sus exconsejeros por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014 -que también entraría en la ley amnistía- y les sentenció a devolver casi cinco millones de euros gastados en la misma.
El texto de la ley de amnistía señala que esta medida "no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares".
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