La actuación del ministro Félix Bolaños, poco antes de la aprobación de la amnistía en la Comisión de Justicia, podría corresponderse con una entrega de los Goya al mejor actor de reparto en la película El gran engaño. Bolaños no solo se felicitó a si mismo; dio las gracias a todas las fuerzas políticas que lo habían hecho posible y aseguró que esta ley seria “una gran referencia mundial” y “un orgullo para los socialistas”.

Ahí queda eso.

Esta ley marca historia, nos dijo. Eso es lo único de su intervención en lo que estoy de acuerdo. Sí, la ley hará historia, y la historia nos está mirando. Abrirá un capitulo infame de nuestra democracia reciente, en el que unos políticos garantizaban la impunidad de otros políticos -algunos condenados y otros huidos de la justicia- a cambio de los votos necesarios para conservar el gobierno. Y también marcará la historia de lo que suceda a partir de ahora: la historia de si una democracia puede defenderse de una ley que, desde dentro atenta, contra elementos de la propia esencia democrática.

Creo que el proyecto de ley, además de inconstitucional, es profundamente deshonesto. El objetivo del reencuentro y la concordia de la sociedad española es mentiroso. Esta amnistía es un acuerdo mercenario, una simple transacción entre políticos, movidos cada uno de ellos por su interés personal: conservar un gobierno para unos, eludir la prisión para otros.

Los españoles sabemos muy bien lo que es sentir un orgullo colectivo, superando enormes heridas e injusticias para recuperar una convivencia pacífica y democrática. Contamos con un cuadro que lo representa a la perfección, 'El abrazo', que se ha convertido en fiel símbolo de lo que fue nuestra transición hacia la democracia. Juan Genovés nos muestra un abrazo colectivo: ciudadanos con los brazos abiertos y la cabeza alta, la única forma de ir en busca del encuentro y la reconciliación,

En esta  falsa e impostada reconciliación del “orgullo socialista” no hay posible abrazo, porque el independentismo secesionista nos quiere con los brazos caídos y la cabeza agachada. Porque exige la admisión de que nuestra democracia no es tal, el reconocimiento de que España es un Estado represor que aplicó leyes ilegales para impedir una libre expresión democrática como es votar para fracturar un país. Porque quiere persuadirnos de que quienes intentaron la secesión unilateral ilegal son los demócratas, y quienes defendimos el marco constitucional para impedirlo somos los represores. Que son presos políticos, y el Estado español su verdugo. Para el secesionismo independentista sólo existen el nosotros y el ellos. Y si nosotros, dicen, somos víctimas inocentes, ellos deben ser culpables.

La asunción de este relato por parte del Gobierno y quién lo sustenta es el objetivo fundamental de los secesionistas, porque es lo que les dota de legitimidad para volver a intentarlo. Nada más aprobar el proyecto de la ley de la impunidad nos lo recordaron: ahora el objetivo es la independencia.

Pero el 70% de los españoles no estamos dispuestos a aceptarlo. Lejos de sentir orgullo por lo que está haciendo nuestro Gobierno, sentimos indignación y vergüenza.

Espero que algunos socialistas reaccionen, me niego a creer que puedan aceptar, sin levantar la voz, que en su nombre se reivindique el orgullo socialista por haber ejecutado esta voladura de la igualdad entre los españoles"

El camino hacia la impunidad no es sencillo en un Estado de derecho. Los esfuerzos por cambiar nuestro ordenamiento penal ya habían sido ímprobos: desde la eliminación del delito de sedición a la reforma de la malversación, rebajando penas y limitando su alcance. Pero esos esfuerzos no bastaban para que los acusados por graves delitos pudieran eludir su responsabilidad frente a la justicia. Por ello, la ley aprobada en Comisión directamente prescinde de nuestro Código Penal.

Y es que amnistiar a Carles Puigdemont no es fácil, admitámoslo. No es fácil cuando se le está investigando por posibles delitos de terrorismo como los que figuran actualmente en la Causa Especial 21248/2023 por hechos que le involucran en el boicot y bloqueo de una infraestructura crítica de transporte con el objetivo de destruir severamente las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales fundamentales de un país. O la alta traición por connivencia con un criminal como Vladímir Putin y las relaciones de la Federación Rusa con el movimiento secesionista en 2017.

Por ello, el artículo 4 del proyecto de ley de Amnistía obliga a los jueces y tribunales a aplicar inmediatamente la ley, una vez sea aprobada, impidiéndoles suspender sus efectos o adoptar medidas cautelares si se plantease una cuestión de inconstitucionalidad. Y si lo hacen serán señalados como prevaricadores, como ya nos adelantó -por una vez, sonriente ante las cámaras- la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras.

Todo ello -en el colofón de la desfachatez de Bolaños- siguiendo estrictamente las recomendaciones del proyecto de la Comisión de Venecia. La misma que pide a las autoridades españolas que emprendan una reforma constitucional antes de abogar por una amnistía que hoy por hoy no esta prevista constitucionalmente; la misma que pide al Gobierno que se tome un tiempo significativo para garantizar el espíritu de colaboración leal entre las instituciones y con la oposición para lograr acuerdos; la misma Comisión de Venecia que señala de forma clara que, de conformidad con las normas internacionales, una amnistía no puede hacerse a medida o beneficio de una persona concreta.

Porque, como nos dirá el Gobierno, convertido en Humpty Dumpty –“cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos”— nadie debe pensar, ni tan siquiera imaginar, que las enmiendas negociadas por el PSOE, Junts y ERC para sacar adelante la ley hayan sido elaboradas por el abogado de Puigdemont para evitar que su cliente tenga que hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad.

La sociedad española plantará batalla utilizando todos los instrumentos del Estado de derecho en Europa y España. No tengo duda. Y espero que algunos socialistas reaccionen y lo hagan también, porque me niego a creer que puedan aceptar, sin levantar la voz, que en su nombre se reivindique nada menos que el orgullo socialista por haber ejecutado esta voladura de la igualdad entre los españoles ante la ley, el desprecio a la separación de poderes y la indiferencia ante el enfrentamiento político y social que todo ello provoca.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos