El exjefe etarra José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri, se ha declarado esta mañana insolvente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castelló, que propuso juzgarle por su presunta responsabilidad como dirigente de la banda terrorista en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco en 1997.

Kantauri ha mostrado este martes su oposición al auto en el que el juez Manuel García Castellón propuso sentarle en el banquillo junto a otros tres exjefes de la organización terrorista por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, según han informado a EFE fuentes jurídicas. 

Lo ha hecho durante una brevísima comparecencia ante el magistrado, que le había citado para comunicarle formalmente su procesamiento en una declaración indagatoria.

Además de defender que no está de acuerdo con la resolución, Kantauri se ha declarado insolvente, en relación al pago de la fianza solidaria de dos millones de euros que impuso el juez a los cuatro procesados. 

Junto a Kantauri, el magistrado propuso juzgar a Soledad Iparraguirre, Anboto, citada mañana; a Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería y a Mikel Albisu, Mikel Antza, todos miembros del comité ejecutivo de ETA el año del atentado contra el joven edil. 

Los dos últimos ya comparecieron el pasado 13 de mayo y también se mostraron contrarios al auto de procesamiento, si bien no manifestaron nada en relación con la fianza. 

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, una de las acusaciones del procedimiento, solicitó al juez el embargo de sus bienes al no haber depositado la fianza, y el magistrado encargó realizar una investigación patrimonial de los cuatro.

El juez concluyó que la decisión de secuestrar al concejal vasco requirió el consenso de todos los integrantes de la dirección de ETA y que los cuatro exjefes pudieron haber impedido el asesinato del joven edil pero no lo hicieron, lo que evidencia "una voluntad inequívoca en la producción del resultado".

Manuel García-Castellón, el mismo juez que hace casi 27 años comenzó a investigar este atentado, ve improbable que los miembros del comité ejecutivo de ETA no ordenasen un atentado como este ni que lo perpetrase un comando sin mediar planificación previa, órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de la banda terrorista.