Miembros de las asociaciones y partidos políticos Iustitua Europa, Hazte Oír y Abogados Demócratas por Europa han concedido una rueda de prensa en Madrid para reivindicar tanto el papel de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales como su trabajo frente al Ministerio Fiscal, al que acusan de obedecer órdenes e instrucciones políticas y no defender los derechos de los ciudadanos.

Estas declaraciones se producen una semana después de que el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no permitiera entrar al interrogatorio del exministro José Luis Ábalos, en el marco del 'caso Koldo', a ninguna de las sietes acusaciones populares, excepto a la del Partido Popular, que fue la primera en personarse. El magistrado las unificó bajo la dirección del PP, decisión que critican y consideran que sienta "un precedente muy peligroso". Tampoco pudieron acceder a las declaraciones del exasesor de Ábalos, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama.

El representante de Abogados Demócratas por Europea, Francisco Montiel, ha comentado que, cuando Puente les estaba explicando su decisión de no dejarles acceder a la declaración de Ábalos, la letrada de la administración les dijo que, pese a ello, se les seguirían notificando las diligencias de la causa, a lo que el togado respondió negativamente.

Sostiene que tiene "el temor" de que este criterio, viniendo del Supremo, "cale hacia bajo" y se extienda al resto de instancias judiciales, así como la posibilidad de que haya personas que cada vez que salte un tema con "interés mediático se apresuren" para personarse, y así quedarse como los únicos representantes de las causas populares. Considera que la actuación del juez podría conllevar a la nulidad del procedimiento, aunque ha explicado que tendrían que pedirla las propias acusaciones populares y, de momento, no han decidido si lo harán o no.

Además, ha revindicado la decisión del juez Ángel Hurtado, que en la causa que se sigue contra el Fiscal General, acordó mantener por separado "por tener intereses diferentes" a las cuatro acusaciones personadas en el procedimiento. Montiel ha manifestado que la "única justificación" que tiene el hecho de que el juez Puente no permita el acceso es conseguir un "mayor control del procedimiento" y "evitar las filtraciones". Sobre este extremo, ha asegurado que "la mayoría de las filtraciones provienen del entorno de la Fiscalía, los jueces y la Policía".

Luis Pardo, de Iustitia Europa, ha coincido con el criterio de Montiel y ha criticado la actuación del magistrado. "Se nos pretende expulsar o anular de los procedimientos judiciales", ha dicho, para luego poner en valor el concepto de las acusaciones populares, que "en este país han hecho posible destapar los mayores casos de corrupción que ha habido ante una inacción por parte de quien le correspondería ejercer ese principio, que es la Fiscalía".

Por su parte, el representante de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha explicado que la decisión de dejarles fuera de la sala obedece a un criterio de simplificación. "Se nos dificulta transmitir las ideas claves que vemos", ha argumentado. Ha defendido que las acusaciones populares no son una cuestión de derechas o de izquierda, y considera que esta decisión supone un “atentado grave” contra el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la justicia, tal y como se recoge en el artículo 125 de la Constitución.