La Fiscalía Provincial de Badajoz ha presentado un recurso en el que solicita el archivo de la causa abierta contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la creación del puesto que ocupó en 2017 en la Diputación de la provincia extremeña como coordinador de conservatorios. El Ministerio Público considera que no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento y de la apertura de juicio oral, y acusa a la instructora del caso, Beatriz Biedma, de basar su imputación “en conjeturas e hipótesis” sin respaldo suficiente para concluir que la plaza fue creada a dedo para él. “Es absurdo prolongar el proceso” que está “condenado al fracaso”, zanja el Ministerio Público en su escrito, en el que reclama el sobreseimiento libre.

Así consta en el docuemento, de 177 páginas, al que ha tenido acceso El Independiente y que se conoce un día después de que la acusación popular pidiera tres años de prisión tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalía destaca que en octubre de 2016, el momento en el que supuestamente se fraguó el “plan criminal”, Pedro Sánchez “no ostentaba una notable influencia en el seno del PSOE”. Es más, recuerda que Gallardo, para el que también se ha pedido el procesamiento, respaldó públicamente en las primarias socialistas de mayo de 2017 a Susana Díaz.

“No se alcanza a entender que Gallardo pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra”, reza el escrito.

El recurso trata de desmontar uno a uno los elementos que la magistrada considera indicios de delito, como la supuesta falta de idoneidad del proceso de selección, el interés del presidente de la Diputación por agilizar los plazos, o incluso el hecho de que David Sánchez buscara vivienda en Badajoz días antes de su contratación. “Sólo se limitó a informarse”, recuerda la Fiscalía, que considera esa gestión “de todo punto normal”. También niega que el cambio de denominación del cargo que ocupó —de coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas— implique irregularidad alguna, pues “las funciones no se vieron alteradas en absoluto”.

A juicio del Ministerio Público, no existe un solo indicio que permita afirmar que la plaza fue creada específicamente para el hermano del jefe del Ejecutivo o que existiera algún plan para beneficiar al hermano del presidente. Subraya que la creación del puesto estaba justificada desde el interés público, que el procedimiento fue legal y transparente, y que la evaluación del tribunal fue correcta. “No existen elementos que permitan poner en duda que fue propuesto y nombrado por ser el candidato más idóneo”, señala el recurso.

También descarta cualquier irregularidad en la posterior contratación del trabajador de Moncloa Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez, como jefe de Centros y Programas Transfronterizos: “la mera amistad o cercanía no constituye indicio suficiente de intervención ilícita”, zanja el escrito.