Un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra varios ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia.

Según ha informado a EFE una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Las declaraciones están previstas para el 17 de junio.

El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y las dos querellantes.

Este segundo procedimiento judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias —uno de los querellantes—, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

En el marco de dicho procedimiento, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes, 3 de junio; entre ellos Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia.

Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.

"La pandemia fue global"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, por su parte, ha respondido que prevé que las dos nuevas causas judiciales abiertas contra tres exaltos cargos autonómicos por la gestión de las residencias de mayores en la primera ola del Covid-19 "volverán a ser archivadas" como las "60 causas" anteriores.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras reunirse en la Consejería con el titular de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el alcalde de Cenicientos, Jerónimo López González.

García Martín ha acusado a la izquierda de "retorcer el dolor" y "tratar de judicializar" esta gestión y ha apuntado que ante estos intentos los juzgados han respondido diciendo "que los profesionales lo hicieron buen durante la pandemia".

"Tratan simplemente de atacar a la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) a través de su pareja o tratan de atacar a este Gobierno y a su Presidenta a través de una gestión de la pandemia que fue ejemplar", ha afeado el también portavoz del Ejecutivo autonómico.

Al hilo, ha recordado que la pandemia "fue global" y afectó "a todas y cada una de las comunidades autónomas", también a "aquellas que sí que contaban con protocolos, cosas que no tenía la Comunidad de Madrid".

García Martín ha afirmado que la región "atendió a todas las personas con los recursos disponibles" tanto en las residencias como en los hospitales. "Los datos ahí están, más de 11.000 derivaciones del SUMMA 112 desde las residencias hasta los hospitales durante aquellos días, durante aquellas semanas tan duras", ha remarcado.