El exsecretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 con el Partido Popular, Francisco Martínez, ha solicitado a la jueza María Tardón su puesta en libertad, tras ingresar en prisión provisional el pasado jueves. Está siendo investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en una trama dedicada al robo y la venta de datos de organismos públicos y privados mediante ciberataques. En su recurso, argumenta que no tiene capacidad para destruir pruebas y sostiene que actuó como abogado del hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, a quien asistió jurídicamente desde que era menor de edad con el objetivo, indica, de reconducirlo "del cibercrimen a la ciberseguridad", con conocimiento de la Fiscalía de Menores.

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Así lo expone en el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, fechado este martes. Su defensa recalca que Martínez ofreció "todo lujo de detalles" en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia sobre sus intentos, "reales y/o aparentes", de reinsertar a Huertas en la sociedad. El exalto cargo del Ministerio del Interior permanece en prisión provisional al considerar la magistrada que desempeñó un "rol central" en la organización que se investiga.

Su agobado también recuerda que la Fiscalía apoyó la medida de prisión provisional, aunque por un motivo distinto al esgrimido por Tardón. Según el escrito, el Ministerio Público fundamentó su petición en el riesgo de que Martínez pudiera borrar o modificar información relacionada con sus clientes que se encuentra alojada en una nube digital, y no en la posibilidad de que alterase los datos supuestamente sustraídos por Alcasec y depositados en un servidor ubicado en Suiza, "lo cual tiene muchísimo más sentido que el riesgo que pretende conjurar la instructora".

Asimismo, asegura que no hay indicios que permitan concluir que tiene capacidad para acceder a esas pruebas digitales ni para destruirlas, y advierte de que resulta "muy difícil valorar la capacidad o más bien la 'telecapacidad'" de Martínez para hacer desaparecer evidencias digitales.

En este sentido, la defensa reprocha que en su escrito la instructora cite una conversación intervenida con la madre de Huertas, en la que supuestamente Martínez le ofrece indicaciones para eliminar pruebas relevantes. En el recurso critica la falta de concreción de esa conversación y se cuestiona cómo puede sostenerse que el exalto cargo de Interior tenga "la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo".

"Un rol central"

Además, sostiene que su intervención jurídica con Alcasec se limitó a labores propias de cualquier despacho de abogados especializado en mercantil, como la constitución de dos sociedades y la llevanza de la contabilidad de una de ellas durante unos meses. "No aparece ni un solo acto de gestión, administración, dirección o apoderamiento en esas u otras mercantiles", insiste el recurso, que califica estos hechos de "claramente insuficientes" para justificar su prisión provisional.

En el auto que acordó su ingreso en la cárcel, la jueza Tardón atribuye a Martínez un "rol central en la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal", y señala que su función consistió en el "diseño y la operación de blindaje legal, patrimonial e institucional" que habría permitido al grupo operar "con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente".

Sin embargo, su abogado cuestiona esa afirmación, y afirma que la resolución "no se contiene ni una sola acción" que lo retrate construyendo "cual paciente y avezado arquitecto jurídico" el armazón legal del entramado. "¿No será que la imputación de Francisco Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?", plantea en el escrito.

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