El teniente coronel Balas, señalado por la 'fontanera' del PSOE, presente en los últimos registros del 'caso Koldo'

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, estuvo este martes presente en el registro que los agentes llevaron a cabo en la sede de la constructora Servinabar, en Pamplona, en el marco del 'caso Koldo'. La compañía está siendo investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de un túnel en Navarra. Es inusual que un mando de tan alto escalafón participe directamente en este tipo de diligencias.

Recientemente, Balas ha sido señalado por la conocida como "fontanera" del PSOE, Leire Díez. El nombre del mando de la Guardia Civil apareció en una grabación desvelada por El Confidencial, en la que Díez y varios empresarios y abogados conversaban sobre investigaciones en curso que afectan a los socialistas y solicitaban información comprometedora sobre, entre otros, este teniente coronel. El objetivo era desacreditar y obstaculizar las pesquisas que dirige el departamento que encabeza Balas, como el propio 'caso Koldo' o las causas abiertas sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, o su hermano, David Sánchez. "Puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... decidme qué es lo que quieren de mí", afirmaba en la conversación el empresario Alejandro Hamlyn, uno de los participantes.

El juez que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó también el registro del domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia tras recibir un informe de la UCO en el que se apunta a su posible implicación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública. Las pesquisas se apoyan en grabaciones halladas en el teléfono móvil de su exasesor Koldo García, en las que el exministro reconocería haber recibido mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Según el auto de Puente, los investigadores consideran que existen indicios suficientes para pensar que Ábalos, en su etapa como titular del Ministerio de Transportes, pudo favorecer a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones, en una actuación que podría encajar en delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil clonó el contenido de su teléfono móvil y se incautó de varias memorias digitales durante un registro que se prolongó más de nueve horas.

Las diligencias se enmarcan en una pieza secreta, centrada en la presunta trama de amaños en la contratación pública. Una de las líneas de investigación analiza varias adjudicaciones de obra civil destacadas en documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama. El Supremo ordenó a la UCO fiscalizar esos contratos tras constatar que las anotaciones manuscritas en dichos papeles correspondían a Koldo.